Nuevos impuestos

La Ley de Wagner establece que el gasto público no deja nunca de crecer. Es una ley inexorable, malvada, podría decirse. Nuestros gestores públicos, decididos a embridar las cuentas públicas, hacen sacrificios encomiables por ahorrar de aquí y de allá. No despilfarran. Se muestran intolerantes ante la corruptela más irrelevante. Sin embargo, a pesar de tanto empeño, el gasto público es cada vez mayor.

El gasto público es el monstruo de las galletas. Sus mandíbulas se fortalecen por la noche, a base de colutorios comprados al Ratonazo Pérez. Unos cuantos enjuagues, y listas para clavarse a la mañana siguiente, con encono incrementado, en la tarta indefensa. Por mucho que crezca el pastel, la boca-agujero crece más todavía. Así no hay forma. Pobres políticos. Les obligamos a hacer algo imposible. No se nos ocurriría exigirles que dobleguen la ley de la gravedad y, en cambio, nos empeñamos en que sorteen la ley de Wagner, tan tirana como ella.

Siento lástima por los arquitectos del bien común. Sudan lágrimas de sangre. Con impotencia, comprueban que el más riguroso cálculo de flexiones del andamiaje social se viene abajo ante el caprichoso aleteo de la voluntad wagneriana. Tanta es la pena que todo esto me produce que llevo varios meses pensando en cómo solucionarlo. ¡Algo hay que hacer! ¡Tenemos que ayudarles, coño!, me he estado diciendo de un tiempo a este parte con enfado.

Hace unos días llegué a una solución. Como el gasto deambula por el país como el león por la sabana, adueñándose de todo lo que respira y crece, he pensado que deberían establecerse nuevos impuestos. Me refiero a tributos de verdad, no como esos de mentirijillas que pagamos ahora. Aunque escuezan, son únicamente de plástico.

Acudí, pues, al cementerio. Al calor del nicho fiscal (se encuentra la derecha, al poco de entrar) hallé la inspiración que necesitaba.  Me dejé impregnar, lo admito, por ese olor a susto definitivo que emanan los camposantos. Vi recompensado mi esfuerzo. En una suerte de epifanía, se me hizo evidente a dónde tenía que apuntar la fiscalidad del futuro. Hay que implantar auténticos tributos. Recios,  adustos. Figuras de acero que ningún viento pueda vencer. Como la voluntad de El Cid.

Se me han ocurrido dos.

La primera sería el impuesto ortográfico. La condición de sujeto pasivo recaería sobre quien no cometa faltas de ortografía al escribir. Podría objetarse que los tributos deben gravar manifestaciones, aunque sean indirectas, de capacidad económica. ¿Y dónde asoma, aquí, esa capacidad? Pues, aunque no lo parezca, se da. La corrección al escribir exige esfuerzos pacientes. Hay que proponerse no ser un cretino y actuar en consecuencia. Y practicar. Sobre todo, practicar. Pero alguien superado por las servidumbres del vivir diario no tiene tiempo para esa clase de ejercicios. Llega exhausto a casa, por la tarde, y lo único que le apetece es enchufarse la tele y ver algún partido de fútbol. Total, para una hora de relajo que es capaz de sacarle al día, resulta preferible escuchar cómo los periodistas deportivos someten el castellano a toda clase de vejaciones que darle al bolígrafo.

Quienes escriben correctamente son presuntuosos elitistas que nos pasean ante las narices su disponibilidad de tiempo. Disfrutan de él a raudales.  Por eso pueden emplearse en desentrañar los misterios de diptongos y triptongos. Si no, ¿de qué? Esos tipos viven de sus rentas. Son señores absentistas modernos. A los antiguos les daba por encabritar el ánimo de sus feudatarios. Estos otros se entregan a la escritura. Ahí terminan todas sus diferencias. No nos engañemos. Quien trabaja de ocho a ocho no sabrá jamás escribir correctamente.

Justificado el tributo, analicemos sus elementos.

Como primera providencia, debería ser progresivo. No es lo mismo saber escribir con acento las palabras agudas terminadas en vocal, ene o ese (“allá”, “mastín”, “perderás”) que vérselas con un hiato que, encima, lleva hache de por medio. Quien escribe “tahúr” en vez de “tahur”, demuestra saber que cuando hay que deshacer un diptongo, la regla general cede ante otra esta especial. Así que debería pagar más que quien solo es capaz de escribir “camión” en vez de “camion”. El tipo marginal máximo debería recaer sobre palabras como “ahuyentarais”, que, aunque es llana terminada en vocal, no sabe uno nunca a qué carta quedarse, de tan traicionero como es todo esto del lenguaje escrito. En ese mismo tramo embutiríamos palabros como “diríais”, que también se las trae. Una categoría aparte vendría representada por la escritura de mayúsculas acentuadas. Aunque la Real Academia de la Lengua nunca ha dicho lo contrario, es moneda corriente pensar que no se acentúan más que cuando, tocando hacerlo, se ponen en minúscula: “POLVORON” frente a “polvorón”.

Hablando de la Academia, habría que prohibirle flexibilizar las reglas que dicta. Si cualquier forma de escribir se considera correcta, los hechos imponibles se desvanecen.

En materia de exenciones (o quizá de supuestos de no sujeción; no lo tengo claro) ancho sería el camino. Escribir bien cuando se hace tirando de ordenador no puede quedar sometido a tributación. Ahí, quien sabe realmente es el corrector ortográfico, no el dueño de los dedos que aporrean las teclas. En todo caso, debería someterse al impuesto al creador del paquete Office. Sería un excelente ejemplo de exención anudada a sustitución del contribuyente.

En materia de procedimiento surgiría, en cualquier caso, una duda peliaguda. Cuando el inspector ortográfico –porque habría que crear, claro, un Cuerpo Superior de Inspectores Ortográficos del Estado–, tras detectar un escrito, sujeto y no exento en el impuesto, que no ha sido correctamente declarado, regularizase la situación, ¿se le permitiría escribir sin faltas de ortografía el acta? Si la respuesta es afirmativa, ello obligaría a introducir una exención técnica. Sí, habría que hacerlo. Porque lo contrario –permitirles ofender a la vista poniéndose al nivel de los no sujetos resultaría de mal gusto. Quizá no. En una verdadera democracia sus funcionarios deben estar cortados por el mismo patrón que la masa que administran.

Las cuestiones citadas serían, cuanto menos, las primeras que deberían abordarse.

El segundo nuevo tributo gravaría la lectura. Cabe objetar que ya la grava el IVA. Pero no es cierto. El IVA grava la compra de libros, que es muy diferente a leer. La mayor parte de quienes compran libros, no los leen. Por su parte, muchos lectores tiran de biblioteca. Y aquí lo gravable es el acto de leer, ese hecho execrable que conecta al individuo con la excelencia mental. No cabría, pues, la presunción de que se lee todo aquello que se compra. Ninguna regularidad estadística lo avala.

También aquí habría una escala progresiva. Las planas novelitas que premian las grandes editoriales, año tras año, con gran despliegue publicitario, tributarían muy poco. Apenas son literatura. Más bien son el sustituto del fútbol. Incluso cabría dejarlas exentas. La primera escala gravaría las novelas de aventuras. Asentada esta base, se irían subiendo los peldaños de la purificación fiscal. Los autores clásicos pagarían un poco más. En la cima del gravamen situaríamos los textos científicos y filosóficos. Solo un repelente inaguantable, con todo el tiempo del mundo a sus pies, se atrevería al despropósito de formarse en materias de esa clase.

Habría, además, que definir el hecho imponible. Si no, ya se sabe que la acepción se tomaría, conforme nos dice la Ley General Tributaria, según el sentido habitual del verbo en el lenguaje ordinario. Huérfano de una definición específica, podría creerse que leer una novela ramplona al año hace a uno tributario del impuesto. Y no es el caso.  Quiero, en este sentido, mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Tan animado estaba yo, consciente de mi contribución al sostenimiento del gasto público, que no me percaté de que me estaba ocurriendo lo mismo que a la lechera del cuento: estos impuestos tendrían un hecho imponible que muy raras veces se daría en la práctica. Recaudarían menos que esos tributos que se dice que apenas lo hacen (impuesto sobre grandes fortunas e impuesto sobre los depósitos bancarios).

Derribado a coces de mi espejismo por la cruda realidad, volví manso y humillado al camposanto. Y allí, frente al nicho fiscal, me despedí de mis buenos propósitos.

Manuel Santolaya Blay, Inspector de Hacienda del Estado

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