El último bastión

En el año 480 antes de Cristo, el rey Leónidas de Esparta condujo a trescientos guerreros hasta el desfiladero de las Termópilas. Conocían perfectamente lo que les esperaba. Frente a ellos, el ejército más poderoso del mundo conocido. Detrás, la libertad de Grecia.

Durante tres días contuvieron el avance persa. No por superioridad numérica —nunca la tuvieron— sino por algo más difícil de conseguir y más difícil de destruir: disciplina, preparación técnica y la certeza de que su función era mantenerse en pie, aunque el coste fuera máximo. Cayeron, sí. Pero su resistencia dio tiempo al resto de Grecia para organizarse. La libertad no se defendió de golpe. Se defendió palmo a palmo, en un desfiladero, por quienes decidieron que ceder no era una opción.

La historia resuena con lo que ocurre en España hoy.

Anormalidad democrática

Conviene hacer un inventario. No de escándalos —eso lo hace la prensa cada día— sino de las anormalidades que han pasado a considerarse normales. Porque la erosión institucional no se mide en titulares sino en la acumulación silenciosa de lo que ya no sorprende.

España suma siete ejercicios de prórroga presupuestaria en la última década. Las cuentas de 2023 gobiernan la realidad de 2026. El Ejecutivo reasigna partidas y redistribuye recursos territoriales mediante decreto, sin que el Parlamento apruebe el cuadro completo. La presión fiscal sube por inercia macroeconómica mientras la inversión estructural —estimada en al menos 15.000 millones adicionales para converger con Europa— no arranca. La prórroga ha dejado de ser una excepción técnica para convertirse en una forma estable y deliberada de gobernar, en la que el Ejecutivo sigue disponiendo de recursos mientras el Parlamento pierde su función esencial: discutir anualmente cuáles deben ser las prioridades colectivas del país.

España ha normalizado los bloqueos prolongados en la renovación de órganos constitucionales — el Consejo General del Poder Judicial estuvo bloqueado casi cinco años, entre 2018 y 2024. Magistrados que instruyen casos políticamente sensibles son objeto de campañas de deslegitimación.

El término lawfare se ha convertido en un arma retórica para desacreditar cualquier actuación judicial incómoda. Quienes han ocupado carteras ministeriales aparecen después al frente de instituciones que exigen la independencia que un cargo político no proporciona: un exministro como gobernador del Banco de España, otro como magistrado del Tribunal Constitucional.

Los últimos meses han añadido episodios que la serie no puede ignorar. El juez Pedraz ha imputado a la presidenta en ejercicio de la SEPI junto a más de veinticuatro personas en una causa que investiga presuntos amaños en contratos, rescates públicos y obstrucción a la Justicia. En la Audiencia Nacional se celebra simultáneamente el juicio oral de la operación Kitchen: la Fiscalía Anticorrupción ha calificado ese operativo como una trama parapolicial criminal destinada a proteger a los dirigentes del Partido Popular mediante el espionaje y la sustracción de documentación comprometedora. Dos causas, dos partidos en el banquillo, y en ambas el mismo patrón: el poder político buscando la protección del Estado frente a la Justicia en lugar de someterse a ella.

A todo ello se añade la presión sobre el acceso a los cuerpos técnicos del Estado: si ese acceso deja de depender del mérito objetivo y pasa a depender de quién valora al candidato dentro de una jerarquía, la independencia del cuerpo comienza a erosionarse antes de que el funcionario ocupe su primer destino. Y los acuerdos bilaterales de financiación autonómica adoptados al margen del debate democrático amenazan no solo la solidaridad territorial, sino la base de registros tributarios compartida que hoy custodia la AEAT, cuya fragmentación significaría desmantelar el instrumento que permite inspeccionar con visión de conjunto sobre todo el territorio nacional.

La erosión es gradual, acumulativa, y esa cadencia pausada es precisamente lo que la hace tan difícil de combatir.

La norma y sus aplicaciones

El patrón alcanza también a algo más cotidiano: la manera en que la norma se aplica.

Una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho es que la norma se aplica con independencia de quién sea el sujeto. Cuando la ciudadanía percibe que casos tributariamente similares reciben tratamientos de distinta intensidad según la proximidad del contribuyente al poder, se produce un daño que ninguna resolución posterior puede reparar: la confianza en que la ley es igual para todos.

Los resultados de control de la AEAT en 2025 son elocuentes: 22.743 millones obtenidos en la lucha contra el fraude, 547 millones liquidados en 1.329 inspecciones sobre grandes patrimonios. La capacidad técnica existe. Los instrumentos existen. La norma está ahí para aplicarse a cualquier contribuyente, con independencia de su nombre o su pasado.

El caso más ilustrativo no requiere interpretación política. En la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, hallada en Ferraz, la UCO encontró joyas valoradas judicialmente en 1.323.915 euros, sin facturas, sin documentación aduanera, sin justificantes de despacho. El juez Calama abrió pieza separada por presunto delito fiscal y contrabando. Las obligaciones son concretas: si las piezas —algunas cuyas piedras proceden de Zambia y Tailandia— entraron desde países extracomunitarios, procede el IVA a la importación más los derechos arancelarios, recursos propios de la Unión Europea. Con independencia del origen, su valor debió declararse anualmente en el Impuesto sobre el Patrimonio. Y si no se acredita su procedencia lícita, el artículo 39 de la LIRPF imputa el importe íntegro como incremento de patrimonio no justificado —con un tipo marginal del 46% que supera el umbral del delito fiscal. La AEAT, que en un primer momento no se había personado en la causa pese al ofrecimiento formal del juez, ha procedido finalmente a hacerlo, en un contexto en el que el precedente del caso Aldama hacía difícil sostener una posición diferente. La pregunta que cualquier contribuyente tiene derecho a formular es una sola: ¿se habría tardado lo mismo si el titular de las joyas no hubiera sido expresidente del Gobierno?

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública propone sustituir la escritura notarial por documento privado con firma electrónica para las transmisiones de participaciones sociales. Su efecto más inmediato sería vaciar el Índice Único Informatizado, la base de registros estructurada que desde 2006 permite a las autoridades —AEAT, SEPBLAC, fiscalías, jueces— cruzar información sobre transmisiones societarias y titularidad real, un instrumento elogiado por el GRECO y el GAFI. Debilitarlo no simplifica la vida del ciudadano honesto, sino que elimina la trazabilidad que permite identificar a quienes prefieren no ser encontrados.

Cuando incomodan las cifras

Cualquier profesional —juez, inspector, fiscal, notario, académico, periodista— que intente matizar una cifra, señalar una complejidad o no encajar en el relato esperado, se expone a un aluvión de ataques personales en redes sociales. La lógica es siempre la misma: quien no está completamente contigo está completamente contra ti.

Y resulta especialmente revelador cuando los ataques no van dirigidos contra quien opina, sino contra quien publica registros objetivos. Gráficas. Cifras oficiales. Hechos verificables. Hemos visto cómo personas que difundían información objetiva sin más ideología que la de la precisión han acabado cerrando sus cuentas tras campañas de acoso sostenido. Cuando ni la publicación de cifras objetivas resulta segura, la cuestión trasciende el debate para convertirse en un problema de intimidación sistemática. Un silencio que, lejos de ser neutral, beneficia sistemáticamente a quien prefiere que ciertas cosas no lleguen a decirse.

El ciudadano que paga

Al final de esta cadena hay alguien que paga la cuenta. Siempre el mismo.

Las cifras proceden de fuentes oficiales. La AEAT registró ingresos tributarios de 294.734 millones en 2024, un 8,4% más que el año anterior, con el IRPF creciendo un 9,9% en 2023 y un 7,6% adicional en 2024. Las cotizaciones sociales superaron los 165.574 millones, un 33,3% por encima del nivel prepandemia según el Ministerio de Inclusión. Todo ello sin un solo presupuesto aprobado. Pero según el informe Perspectiva del Empleo 2024 de la OCDE, los salarios reales en España seguían siendo un 2,5% inferiores en el primer trimestre de 2024 respecto al nivel prepandemia, mientras casi la mitad de los países miembros —incluidos Portugal y Francia— ya los han recuperado. El Estado ha logrado ingresar más en términos reales en los mismos años en que las familias han visto reducirse su capacidad adquisitiva real.

Lo más llamativo no es solo lo que ocurre, sino lo que no ocurre. España necesita con urgencia un debate serio sobre reformas estructurales que nadie parece dispuesto a afrontar: una planificación presupuestaria creíble, disciplina fiscal sostenida en el tiempo, una respuesta honesta al desafío demográfico y su impacto sobre el sistema de pensiones, mecanismos reales para recuperar la renta adquisitiva de las clases medias, y una reforma del sistema de financiación territorial debatida en los foros institucionales correctos —no negociada bilateralmente en función de quién tenga la llave de la gobernabilidad. Todo ello se pospone. La patada hacia delante se ha convertido en el único instrumento de política económica disponible para quien gobierna sin presupuestos, sin mayorías y sin horizonte.

Los registros del Ministerio de Hacienda son inequívocos: en 2024, Cataluña generó 24.852 millones de euros en IRPF —el 20,2% de toda la recaudación territorial nacional. La mitad, unos 12.426 millones, fluye hacia la caja común que financia servicios en toda España, una cifra que representa el 28,5% del presupuesto íntegro de la propia Generalitat. Que esto se negocie bilateralmente, sin debate parlamentario real, mientras se suben los impuestos al resto de contribuyentes, es una cuestión que organismos independientes como FEDEA han analizado con rigor y que el IHE ha trasladado a la agenda institucional. Lo que no ha ocurrido es que ninguna institución del Estado con competencia directa haya puesto sobre la mesa, con la claridad que el asunto exige, lo que este acuerdo supone para el conjunto de los ciudadanos españoles.

El contraste con el entorno europeo es elocuente. En Alemania, un diputado dimitió por 250.000 euros en comisiones de mascarillas. En Estonia, un primer ministro renunció cuando su partido quedó bajo sospecha. En Austria, el canciller dimitió antes de ser condenado. En España, la respuesta tiende a ser la misma: resistir, calificar la investigación de ataque político y esperar a que pase. Según Transparency International, España ha derivado hacia posiciones en su índice de percepción de la corrupción que hace quince años habrían resultado impensables para un país fundador del proyecto europeo. Los sociólogos llaman a esto normalización de la desviación: cada escándalo que no tiene consecuencias desplaza el umbral del siguiente, en una fatiga que beneficia sistemáticamente a quien no quiere rendir cuentas y que representa una erosión del contrato social sobre el que descansa la legitimidad del sistema.

Una invitación

Este es el cuadro completo. No un relato de parte, sino una acumulación de hechos documentados que apuntan en la misma dirección. La pregunta que queda es qué se hace con ello.

Ha llegado el momento de que quienes defienden la independencia técnica de las instituciones —jueces, fiscales, inspectores de cualquier cuerpo, notarios, registradores, académicos, juristas— y también los ciudadanos y asociaciones de la sociedad civil que comparten esta preocupación, hagamos algo tan sencillo y difícil a la vez como sentarnos a pensar juntos. No para construir un bloque de intereses corporativos. No para hacer política. Sino para hacer exactamente lo que cada uno hace en su trabajo cuando funciona bien: analizar con rigor, llamar a las cosas por su nombre y poner el resultado sobre la mesa.

Esta reflexión no parte del vacío ni va hacia el vacío. El pasado 25 de mayo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado hizo pública su posición ante los ataques a la función inspectora, alertando sobre el riesgo de sustituir procesos selectivos rigurosos por sistemas de menor exigencia y criterios subjetivos —con un objetivo que el propio comunicado nombra sin ambages: interferir en la toma de decisiones técnicas. Ese mismo día, la Asociación de Fiscales presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra un sistema de nombramientos en la Fiscalía General donde, según denuncia, prevalece la afinidad ideológica sobre el mérito. No es una coincidencia menor: inspectores y fiscales, en el mismo día, denunciando públicamente la misma forma de presión sobre la independencia técnica.

El último bastión no es un cuerpo del Estado. Es una función: la de aplicar la ley sin mirar quién sale beneficiado. Y esa función, hoy, necesita voces. Las instituciones, solas, no se defienden a sí mismas.

La conversación ha comenzado. Otros ya están en el desfiladero.

Leónidas no esperó a que el enemigo llegara hasta Esparta. Fue al desfiladero.

 Por Leónidas