¿A dónde van nuestros impuestos?

Los Inspectores de Hacienda del Estado hemos celebrado en Toledo hace unos días nuestro congreso anual bajo el título ¿A dónde van nuestros impuestos?. Es una pregunta retórica porque, a pesar de la calidad de los ponentes de diferentes ramas del saber que intervinieron en el congreso, sabíamos que en España en el momento actual es imposible saberlo.

El cauce legal para conocer el destino de los impuestos es la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Sin embargo, llevamos una legislatura entera sin que se aprueben, y durante estos años han existido multitud de traspasos de unas partidas a otras. El resultado es que los ciudadanos no pueden saber en qué se han gastado realmente el dinero que han pagado.

En nuestro congreso sí que hemos conocido algunas cifras muy interesantes, como que el 31% de nuestros jóvenes consideran que se viviría mejor sin que nadie pagara impuestos, lo que evidencia una carencia educativa preocupante, y no solo en la tributaria. Escuchamos también opiniones muy cualificadas subrayando que los ciudadanos se escandalizan cuando parte de los fondos públicos —sus impuestos— se van por las alcantarillas de la corrupción. También se manifestó que si los órganos de control del Estado realizaran auditorías sobre la eficiencia del gasto público, el importe del despilfarro de todas las administraciones públicas superaría con mucho al de la corrupción.

Mientras tanto, los ciudadanos se preguntan por qué los servicios públicos que financian con sus impuestos empeoran año tras año. En la sanidad se incrementa el número de días que los ciudadanos tienen que esperar para ser operados, para ser atendidos por un especialista o para que se les realicen determinadas pruebas. La educación va cada vez peor, según los barómetros internacionales que nos miden. En los servicios sociales, como las prestaciones de la ley de dependencia, se acumulan retrasos muy importantes. Y hay otros temas, como la situación de la justicia, en la que resulta insoportable que se tarde años y años en resolver cualquier problema que tenga el ciudadano.

A quien padece estos problemas poco le importa que el Estado alegue que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, ni que estas respondan que no tienen fondos porque el Estado no ha aprobado un sistema de financiación adecuado.

Por último, y quizás lo más importante, sería demoledor que la causa del trágico accidente de tren de hace unos días, con muchas vidas perdidas, entre las que figura nuestro compañero y amigo Antonio Montero, fuera una falta de inversión en las infraestructuras.

Podría pensarse que todas estas deficiencias de nuestro Estado obedecen a una mala situación económica o a una pérdida de recaudación de impuestos, pero las cifras, y eso sí que se sabe con certeza, ponen de manifiesto justo lo contrario. Para ello cito algunos datos relevantes.

La recaudación por impuestos se ha incrementado en el periodo 2021 a 2025 en un 45,60%, pasando de 223.000 millones a 325.000 millones. O sea, 102.000 millones más. Si examinamos la recaudación del IRPF de ese mismo periodo, el incremento ha sido de más del 50 %. Enlazando estos datos con el título de nuestro congreso, yo preguntaría: ¿alguien puede decirnos a dónde han ido a parar esos 102.000 millones de incremento de los impuestos en estos años? ¿Cómo es posible que con ese brutal incremento de la recaudación no haya mejorado la prestación de los servicios que demandan los ciudadanos, como la sanidad, la educación, los asuntos sociales, la justicia y las infraestructuras?

El próximo 29 de noviembre estamos llamados a votar, y la verdad es que nuestros políticos nos lo ponen muy difícil. No solo por los casos de corrupción que han salpicado a unos y otros de diferente signo político, sino por su deficiente gestión, a juicio de los ciudadanos que las han sufrido, en todas las desgracias que han sucedido en nuestro país en estos cinco años: el volcán de La Palma, la DANA de hace dos años en Valencia, la oleada de incendios forestales que arrasa nuestro país cada verano y, este año, los dos terroríficos accidentes de tren. Y seguro que se me ha olvidado alguna.

Sería muy interesante saber si esa deficiente gestión, que los ciudadanos atribuyen a los gobiernos de turno de diferente signo político, se debe a que nuestros políticos entienden que una forma de ejercer su poder es colonizar la Administración, las instituciones y las empresas públicas que puedan, poniendo en los puestos directivos a amiguetes y no a profesionales cualificados que sepan lo que hacen. A nuestros políticos les resulta muy difícil entender que son elegidos por el pueblo para gestionar lo público durante un periodo de cuatro años, pero que no son los dueños de la Administración, que es el verdadero soporte para que el Estado funcione correctamente.

Lo peor de todo es que esta situación tiene difícil solución, porque son precisamente ellos quienes tendrían que aprobar las medidas para corregir esa situación.

José María Peláez. Inspector de Hacienda del Estado (jubilado)

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