Solo una rebelión puede salvar a la Agencia Tributaria

A lo largo de su historia, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha atravesado muchas crisis, y de todas ha salido adelante. Con el paso del tiempo y el esfuerzo de todos, ha alcanzado un nivel de excelencia en sus actuaciones reconocido por todos.

Actualmente sufre la crisis reputacional —externa e interna— más grave de su historia, una situación que exigiría medidas urgentes y acertadas para ganarse la confianza de los ciudadanos, de los asesores y de sus propios funcionarios. Pero en este texto quiero centrarme en los peligros más graves que la acechan, que a mi juicio han provocado un hecho relevante: el anuncio de cambio en la Dirección de la AEAT, justo en el momento más grave de su historia.

Dudo mucho que la AEAT pueda salir de la crisis actual, ya que es la primera vez que un Gobierno apuesta decididamente por su fraccionamiento, cediendo una parte importante de sus activos humanos y materiales a la Agencia Tributaria de Cataluña. No se hizo en estos dos últimos años, ante la imposibilidad material de hacerlo en el corto plazo que exigían los partidos nacionalistas catalanes, pero se están dando pasos poco a poco que no tienen vuelta atrás. Y ya sabemos por experiencia que lo que consiguen los catalanes, tarde o temprano lo piden otras comunidades autónomas.

Creo que la única medida que podría detener este despropósito sería una rebelión interna en la Agencia Tributaria, y animo en este texto a mis compañeros, Inspectores de Hacienda del Estado, a dar un paso adelante en ese sentido.

Quién escribe esto

Me acabo de jubilar tras 46 años en la Administración Tributaria: cuatro como Técnico de Hacienda y 42 como Inspector de Hacienda del Estado. En ese largo recorrido he vivido momentos decisivos, como la creación en 1991 de la AEAT, pensada para ser un organismo independiente. No lo ha logrado del todo, pero ese estatus le ha permitido convertirse en la administración de referencia en España y ganarse el reconocimiento internacional por su eficacia.

Estoy muy agradecido a la Administración, porque me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente, tanto en lo tributario como en terrenos colaterales —he escrito una decena de libros sobre fiscalidad, fraude fiscal, corrupción y blanqueo de capitales, y participé como experto en la comisión del Parlamento Europeo que investigó los Papeles de Panamá—.

Quienes me conocen saben que soy un inconformista, sobre todo cuando las cosas no funcionan y, teniendo solución, nadie toma las medidas necesarias. Ese rasgo personal me ha llevado a meterme en muchos charcos, y, entre ellos, a colaborar con la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado IHE (antes APIFE) desde el año 2003- el periodo 2004 a 2007 fui su presidente-, siguiendo incluso colaborando ahora en mi nueva etapa de jubilado. 

Esa actividad de crítica constructiva ha tenido, por supuesto, repercusiones negativas en mi trayectoria profesional, que no es el caso detallar ahora, pero que he asumido como coste de esa actividad.

En los últimos años he publicado más de un centenar de artículos de opinión. Ahora, al sentarme a escribir sobre la gravísima situación actual de la Agencia Tributaria, me he dado cuenta de que ya había dicho casi todo lo que quería decir. Reproduzco a continuación fragmentos de algunos de esos artículos, que muestran que los intentos de utilización política de la AEAT siempre han existido, con más o menos éxito según el grado de permeabilidad de sus órganos directivos ante las peticiones de los políticos.

Si nos hubieran hecho caso a los Inspectores de Hacienda, y se hubiera avanzado en la autonomía e independencia que la ley de creación de la AEAT le otorgaba —aprobando su Estatuto, con el nombramiento del director por el Parlamento y por un periodo de cinco años—, creo que la AEAT no estaría hoy en una situación tan crítica. Con ese Estatuto estaría blindada frente a los intentos de utilización política, a la imposición de criterios de selección de personal con oscuros intereses, y al riesgo de fraccionamiento por cesión de una parte importante a la Agencia Tributaria de Cataluña.

2013: “El fin de la actual Agencia Tributaria”

Publicado en Cinco Días el 11 de noviembre de 2013, con el PP en el Gobierno.

Hasta ahora, la Agencia Tributaria era una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país, aunque uno de sus puntos débiles haya sido su escasa eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, a pesar de las estadísticas que presentan cada año las autoridades tributarias, basadas en meros datos numéricos, siempre mayores que los del año anterior. […]

En los últimos meses se han producido una serie de acontecimientos que están deteriorando esa imagen de eficacia que tenía la Agencia.

El primero se refiere a actuaciones duramente criticadas en los medios, que han socavado la imagen de profesionalidad e independencia ganada con el trabajo diario. La imputación errónea de inmuebles a la Infanta, por ejemplo, quedó en la mente de los ciudadanos como un grave error de la Agencia —cuando no lo era—, debido a una nefasta política de comunicación.

Otro factor de deterioro han sido las continuas referencias del entonces ministro de Hacienda a la Agencia: la amnistía fiscal y su relación con casos de corrupción, o las insinuaciones en el Parlamento sobre colectivos que no pagaban impuestos, usando información que legalmente no podría manejar. Todo ello ha reforzado la sensación de que es el propio ministro quien dirige el día a día de la Agencia, ahondando en su politización.

Pero la gota que colmó el vaso fueron sus palabras justificando ceses en la Agencia porque “todavía quedaban socialistas” en puestos directivos. Esas manifestaciones causaron estupor y honda preocupación entre los trabajadores y, a mi juicio, suponen el certificado de defunción de una Administración tributaria profesional e independiente, para pasar a servir a los intereses del partido que gobierne en cada momento. Nos trasladan a una administración propia del siglo XIX, cuando cada cambio de gobierno suponía echar a los funcionarios a la calle —los llamados cesantes— para contratar afines. Aquel sistema se eliminó en 1918; ahora contamos con una Constitución que exige mérito y capacidad para acceder a la función pública, así que el ministro no puede enviarnos a todos a casa, y solo puede cesar a quienes ocupen puestos de libre designación, la mitad de la plantilla de inspectores de la Agencia.

Todos esos inspectores se preguntan con angustia hasta dónde llegará la purga, y si volverá a repetirse con cada cambio de gobierno. Los ciudadanos, mientras tanto, pueden llegar a pensar que quienes ocupan esos puestos son afines al partido de turno, cuando la inmensa mayoría son simplemente profesionales que accedieron por mérito, no por ideología.

La imagen de la Agencia está seriamente dañada, y las manifestaciones del ministro la han empeorado. La Agencia Tributaria aplica el sistema tributario, uno de los pilares del Estado, y cualquier duda sobre su independencia tiene una trascendencia especial.

Solo un pacto nacional entre los partidos para aislarla de las pugnas políticas podría salvarla del precipicio. Ese pacto debería plasmarse en la aprobación de su Estatuto —pendiente desde su creación en 1992—, con el nombramiento del director de la Agencia por mayoría cualificada del Parlamento y por un periodo de cinco años, dejando al presidente, cargo político, solo funciones de representación. En cuatro años la Agencia ha tenido cinco directores generales distintos, y las discrepancias entre presidente y director de la AEAT han sido sonadas, porque cada uno respondía a un padrino distinto dentro del mismo Gobierno.

Una Agencia así podría servir también para mejorar la gestión de nuestro maltrecho sistema fiscal, avanzando hacia una mayor coordinación con las administraciones tributarias autonómicas. Los inspectores llevamos años reclamando esta norma, pero los partidos nos dan la razón en la oposición y la olvidan en cuanto gobiernan: ninguno quiere renunciar a esa parcela de poder.

2023: “La cuestionada independencia de la Agencia Tributaria”

Publicado en Cinco Días el 19 de junio de 2023, con el PSOE en el Gobierno.

La AEAT gestiona los impuestos en todo el territorio español y constituye uno de los ejemplos de Administración tributaria más avanzados del mundo. Pero conviene recordar algunos de los intentos de politización sufridos a lo largo de los años.

En 1997 me ordenaron “guardar en el cajón” varios expedientes de amigos de políticos importantes —una negativa que tuvo consecuencias graves para los inspectores responsables, anuladas después por los tribunales—. En 2007, al aprobarse el Reglamento de Aplicación de los Tributos, se intentó incluir un artículo para que las actas de disconformidad “más delicadas” se enviaran antes al ministerio para su visto bueno; nuestra asociación logró eliminar ese precepto. En 2013, dos ministros de Hacienda distintos dieron en el Congreso información tributaria reservada sobre un tesorero de partido y sobre un exministro implicado en corrupción, en clara violación del carácter reservado que exige la Ley General Tributaria.

Estos episodios, bajo gobiernos de distinto signo, muestran que los políticos tienden a tratar la Administración como si fuera de su propiedad, sin aceptar límites a su poder. Conviene recordarles que el artículo 97 de la Constitución dice que el Gobierno dirige la Administración, pero no es su dueño.

Llevamos años proponiendo la aprobación del Estatuto de la AEAT, con el nombramiento del director por el Parlamento y por cinco años, para dotarla de independencia. En la oposición, todos los partidos lo ven razonable; ninguno lo aprueba al llegar al Gobierno.

Desde 2021 asistimos a un asalto en toda regla a la independencia y profesionalidad de los funcionarios: se pretenden modificar los sistemas de acceso a las oposiciones —basándolos en exámenes tipo test y una entrevista—, el ascenso por mera antigüedad sin exámenes, y la incorporación masiva de interinos que no han superado las oposiciones correspondientes, incumpliendo los principios constitucionales de mérito y capacidad. Todo ello desprofesionalizará la Administración: los nuevos funcionarios no tendrán la formación que hoy exigen unas oposiciones rigurosas y un año de curso posterior.

La ley de creación de la AEAT le reconoce un régimen jurídico propio para diseñar su oferta de empleo y el acceso a sus cuerpos según sus necesidades operativas. Pese a ello, ni siquiera la AEAT se libra de este asalto: la próxima convocatoria de oposiciones de inspectores incluirá una lista de interinos, en contra de la normativa que reserva el ejercicio de potestades públicas —como la inspección— a funcionarios de carrera. Es posible que en unos meses haya inspectores interinos trabajando en la AEAT sin haber hecho el curso de formación ni aprobado más que el primer examen de cinco.

Eso sí: serán inspectores agradecidos por el regalo, y por tanto permeables a las exigencias del poder político, sin la independencia de criterio que hoy incomoda tanto a los políticos.

Llama la atención la falta de reacción de los órganos de dirección de la AEAT ante esta imposición. Si son incapaces de plantarse porque pesa más su puesto político que el profesional, deberían haber dimitido, para no pasar a la historia como quienes propiciaron la desaparición de la AEAT tal como la conocemos.

Los dos artículos anteriores se escribieron bajo gobiernos de signo distinto, lo que confirma que ningún partido ha querido que la AEAT disfrutara de la autonomía que le reconoce su propia ley de creación: hacerlo supondría renunciar a una parcela de poder demasiado valiosa.

La situación actual es todavía más grave, porque a esa utilización política de siempre se suma ahora la cesión de competencias, personal y medios tecnológicos a la Agencia Tributaria de Cataluña. Los Inspectores de Hacienda llevamos varios años repitiendo hasta la saciedad que esa situación supondría la desaparición de la actual Agencia, y una pérdida brutal de eficacia en sus actuaciones, causando graves perjuicios a los ciudadanos.

2024: “Las llaves de la caja”

Publicado en Expansión el 16 de julio de 2024.

Algo hicieron mal los padres de la Constitución cuando, en la práctica, las exigencias de los nacionalismos, por el poder que le dan tener unos pocos diputados, tienen en sus manos la gobernabilidad de España. Y algo han hecho mal el PP y PSOE, cuando en los períodos en los que tenían mayorías absolutas, no han modificado las normas para impedir que, en cada investidura, en la ley de presupuestos, o en cualquier otra ley importante, esos pocos diputados logren ventajas de todo tipo, que suponen desmontar las estructuras del Estado. Y no me estoy refiriendo al traspaso de las competencias que estaban previstas en la Constitución. 

Ahora tenemos encima de la mesa, por enésima vez, otro envite del nacionalismo catalán exigiendo las llaves de la caja, expresión que resume muy bien lo que quieren: quedarse con el 100 % de los impuestos recaudados en Cataluña, incluidos todos los impuestos estatales, y también con la Agencia Tributaria Estatal -funcionarios y medios materiales tecnológicos-. 

Esta pretensión ya figuraba en el Estatuto de Cataluña aprobado en el 2005, que fue modificado a su paso por el Parlamento español, y ahora vuelven a pedir exactamente lo mismo, con la novedad de que el Gobierno está dispuesto a dárselo. En aquellos años pedían las llaves de Letamendi -edificio principal de la AEAT en Cataluña- y ahora piden las llaves de la caja. En este período intermedio se ha producido el denominado “procés”, que una vez descartado, se opta por ir paso a paso, y lo primero que quieren es lo que siempre han pretendido: la independencia económica y fiscal.

[…]

En segundo lugar, cabe plantearse los motivos por los que se quiere llegar a esa situación, y, en este sentido, nadie ha dado un solo argumento técnico, de mejora de servicios prestados a los ciudadanos, de incremento de eficacia, o de cualquier otro tipo. Sin embargo, los Inspectores de Hacienda estamos alarmados por los desastrosos efectos que produciría dicha medida en la gestión de los impuestos y en la propia AEAT. Así se producirían, entre otros, efectos negativos en la lucha contra el fraude, al fraccionar las bases de datos, se dificultaría la gestión del IRPF y la rapidez en las devoluciones que existe ahora, ya que se rompería la caja única, y se producirían efectos negativos en la gestión de los impuestos, ya que las empresas tendrían que tratar con dos administraciones diferentes.

Descartados los motivos técnicos, sólo quedan los políticos, y volvemos otra vez a las exigencias de los nacionalismos, en este caso para lograr la investidura de un presidente de la Generalitat.  […]

Los Inspectores de Hacienda no opinamos sobre política, y sólo hablamos desde el punto de vista técnico. En este caso concreto, y ante las consecuencias tan negativas que se producirían, pedimos al Gobierno que el fraccionamiento de la AEAT no sea moneda de cambio en la negociación política. Que les den todos los dineros que quieran, de condonación de deuda, de fondos, de mayor participación en la cesta de impuestos, o por otra vía, pero que no destrocen la AEAT, el órgano que mejor funciona de toda la Administración del Estado.

Por último, selecciono unos párrafos del artículo denominado “LO QUE CATALUÑA NOS QUIERE ROBAR”, publicado en El Confidencial, el 6 de septiembre de 2024:

2024: “Lo que Cataluña nos quiere robar”

Pero vayamos al acuerdo de concierto económico firmado en julio por dos partidos catalanes, avalado y alabado por el Gobierno pese a que durante meses negó que se fuera a firmar. En él se cede el 100% de los impuestos ingresados en Cataluña, traspasando todos los medios humanos, materiales y tecnológicos de la AEAT a la Agencia Tributaria de Cataluña.

Desde 1978, los gobiernos han tenido éxitos —la creación de la AEAT en 1992— y errores —la amnistía de 2012—, pero ninguno tan grave como este acuerdo, de llevarse a cabo. Desmonta el sistema tributario actual, dinamita la financiación de las comunidades autónomas otorgando privilegios a Cataluña, y fractura la AEAT, con graves perjuicios para la lucha contra el fraude y para los servicios que se prestan a los ciudadanos. A cambio de este desastre, la única contrapartida conocida ha sido el nombramiento de un presidente autonómico, y la satisfacción de los independentistas, que tras la firma calificaron esta soberanía fiscal como el paso más importante hacia la independencia.

El cambio en la Dirección de la AEAT

En los últimos días se ha conocido que se va a producir un cambio en la dirección de la AEAT, y que también cesan en sus puestos los directores generales de Inspección y Recaudación. Ante la brillante trayectoria técnica y profesional de la actual directora, ante la falta de pocos meses para el final de la legislatura-por lo que el momento es muy inoportuno para efectuar cambios-, y, sobre todo, ante lo poco creíble que ha resultado la versión oficial para justificar el cambio en la Dirección de la AEAT, mi convencimiento personal es que la actual Dirección ha dado, por fin, un puñetazo en la mesa ante las imposiciones que se le hacían desde el Gobierno. No me refiero a imposiciones en asuntos políticos muy mediáticos, que desconozco si las hay o ha habido, sino a otros, siendo la más importante el avance en el régimen llamado financiación singular de Cataluña, que supondría, entre otros temas la cesión de personal y medios a la Agencia Tributaria de Cataluña. No hay que olvidar tampoco la imposición por parte de Función Pública del sistema de acceso a los cuerpos de la AEAT, o la imposibilidad de desarrollar un acuerdo de carrera, firmado con los sindicatos hace ya años, y cuya falta de desarrollo está provocando una grave conflictividad con los sindicatos y los funcionarios.   

Creo que, en este momento, con el propósito decidido del Gobierno de implantar el régimen de Financiación Singular de Cataluña, está en juego la Agencia Tributaria tal como la conocemos, y, por tanto, habría que adoptar medidas adecuadas a la gravedad de la situación.

Doy por hecho que la actual directora no va a revelar la verdadera causa de su cese-dimisión, pero si la causa principal fuera el traspaso de competencias y personal de la AEAT a la Agencia Tributaria Catalana, animo al resto de directores generales-han decidido irse ya el de Inspección y el de Recaudación- y a los delegados Especiales a secundar a su directora, presentando su inmediata dimisión. En consonancia, pido al resto de compañeros Inspectores de Hacienda que no acepten ningún cargo que le ofrezca este Gobierno para sustituir a los dimitidos-cesados. Si siguen en sus puestos como si no pasara nada, habrán sido colaboradores de la desaparición de la AEAT tal como la conocemos, construida con el esfuerzo de todos los trabajadores durante muchos años. El que se agarre al sillón, que piense si seguirá o no en su puesto cuando se nombre un nuevo equipo directivo, o si hubiera un cambio de gobierno de otro signo político dentro de muy poco. Pido también al nuevo director/a de la AEAT que establezca como línea roja para aceptar el cargo la no fragmentación de la AEAT, y así se lo haga saber al resto de funcionarios de la AEAT en su toma de posesión.

Por último, hay que señalar que, mientras no se modifique la normativa vigente, la financiación singular de Cataluña constituye un régimen ilegal. Por ello, los funcionarios de la AEAT bien podrían plantearse negarse a cumplir las órdenes y a realizar los trabajos que actualmente se están llevando a cabo para su desarrollo e implantación. Tengo constancia de que, ante las dificultades parlamentarias para aprobar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Gobierno pretende introducir, mediante subterfugio, la cesión a Cataluña en una disposición adicional de la próxima Ley de Presupuestos que se va a tramitar.

En conclusión, la única forma de frenar esto, a mi juicio, es una rebelión en la AEAT, poniendo cada uno su granito de arena, porque el Gobierno está decidido a fragmentarla por puros motivos políticos. Por experiencia, sé que estas situaciones, una vez consumadas, son irreversibles.

Yo ya estoy fuera de la AEAT, y podría mirar todo esto con la distancia de quien ya no tiene nada que perder ni que ganar. Pero no puedo: me produce una tristeza profunda ver cómo se desmonta, pieza a pieza, lo que tantos hemos construido durante toda una vida. A quienes seguís dentro solo os pregunto: ¿vais a dejar que esto pase sin más?

José María Peláez. Inspector de Hacienda del Estado (jubilado)

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