Una vez más … Derecho a la información versus presunción de inocencia

Acusar a un funcionario sin presunción de inocencia.

Una vez más, la historia se repite, la historia de acusar a un funcionario (esta vez a un alto funcionario de Cataluña) con nombre y apellidos en un medio de comunicación. Esta vez acusado, nada más y nada menos, que de prevaricar.

Prevaricar = Faltar conscientemente [un funcionario] a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia.

Los funcionarios, entre los que me incluyo, podemos equivocarnos, tomar decisiones incorrectas, inoportunas, emitir actas y acuerdos erróneos, imperfectos, injustos…y casi siempre lo haremos por desconocimiento, error, inadecuada interpretación de una norma, falta de datos, prisas…, no somos infalibles, evidentemente. Y alguna vez, es verdad, alguna vez, puede haber algún funcionario que, abusando de su posición, adopte conscientemente, una mala decisión. Por suerte, son los menos, de hecho, son muy pocos, porque la diferencia entre prevaricar y no hacerlo está precisamente en ese matiz: “con plena consciencia de su injusticia”.

Los funcionarios, y muy concretamente los de la AEAT, nos enorgullecemos de nuestro deber de sigilo, riguroso compañero de viaje, que nos impele a que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, a que el nombre de las personas investigadas no salga de nuestros labios ni en nuestros círculos más íntimos. Porque nos lo exige la ley, pero además porque sabemos que informar de que alguien está siendo objeto de una inspección de hacienda puede menoscabar el buen nombre de una persona o empresa. Sin embargo, no es simétrico el trato que, en ocasiones, recibimos los funcionarios.

Señoras y señores, convénzanse: los funcionarios, por lo general, no somos los malos, ni siquiera somos malos. Pero en este caso, una vez más, se nos trata de hacer pasar por ello. Con el agravante, de nuevo, de plasmar en un diario nombre y apellidos de una persona cabal, honrada y ejemplar como jefe, como funcionario y, sobre todo, como persona. Los profesionales de la AEAT, en nuestro trabajo, liquidamos, acusamos, denunciamos, embargamos… y en base a ello, hay quien debe pensar que no merecemos menos que este trato cruel y despiadado, un trato peor que el que se da a un violador o un asesino, cuyos nombres no suelen traslucir, no vaya a ser que se infrinja su derecho a la protección de datos, y a la presunción de inocencia.

Llama la atención el nivel de sociedad en que nos movemos y que se trasluce en la noticia en cuestión. Por un lado, que la empresa implicada tenga un acceso tan directo a un medio tan relevante (el periódico “El Mundo”). Por otro, que este medio dé la relevancia que da a la noticia. Mucha más que a cuestiones de infinito mayor calado que hay alrededor de los impuestos y la Administración. Nosotros, los funcionarios, a callar, con nuestro deber de sigilo echado a la espalda (y que así sea por muchos años), porque así debe ser. Los demás, pueden decir, difamar, injuriar, vejar, mancillar, calumniar… pueden filtrar información solo para ofrecer una reseña maliciosa, apetitosa y más suculenta por haberla sazonado con tintas de mezquindad y perversión, con la evidente intención de vender más periódicos, sin pensar en el daño causado a una persona concreta.

Y repito lo que ya escribí hace algunos meses con un caso similar de mala praxis periodística: el derecho a la información no es o no debería ser ilimitado, sobre todo cuando choca con el derecho a la presunción de inocencia. Y en ocasiones, como la del caso actual, tengo la sensación de que ese derecho se ha ejercido de manera malintencionada en lo que parece un claro ejemplo de ataque a la Agencia Tributaria, esta vez a un funcionario en concreto, funcionario modélico por otra parte. Sé que, si alguien es inocente, hay un sistema judicial que lo defiende, pero, señores… ¡a qué coste y sobre todo a qué ritmo! Nuestro sistema judicial es lento e imperfecto. Cuando, al final de un larguísimo proceso llegue la sentencia, ya nadie se acordará.

Y si esa sentencia es absolutoria, como no dudo que lo será en este caso, el asunto quedará olvidado, pero el daño inicial queda hecho.

Una vez más… creo que estamos perdiendo todos los límites de lo correcto por un “clic”.

Ana Alonso Martín, Inspectora de Hacienda del Estado