Un blog de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)

Administración Tributaria

Reflexiones a propósito del derecho sancionador tributario

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Era ya Domingo de Resurrección cuando llegué a mi coche, estacionado en la calle Espronceda, sin número, de la preciosa localidad de Jávea, donde procuro disfrutar de mis periodos vacacionales y más. Pero como tantas veces, siempre hay un gilipollas dispuesto a estropear, aunque solo sea un poquito, el disfrute pleno de un enclave tan maravilloso como es el de esta localidad alicantina. En este caso tuvo que ser un agente de la policía municipal, que se identifica con el número XXX, y que me había dejado una “receta” de 70 euros por estacionamiento indebido.

Varias cuestiones me sublevan contra esa multa. La primera y principal es que mi vehículo estaba bien aparcado. Efectivamente, hay tramos de la calle Espronceda en los que no se puede estacionar, si lo hubiera hecho y me hubieran multado, mala suerte, pero no fue el caso. Lo segundo es que me he puesto a leer alguna jurisprudencia sobre las sanciones de tráfico y, al parecer, la constatación del agente tiene una presunción casi absoluta de certeza. Entiendo que hay casos en los que, sin esa presunción, todas las sanciones impuestas decaerían, pues la inmediatez de la violación impide otra constancia que no sea mediante la declaración del agente. ¿Pero es ese el caso en un supuesto mal aparcamiento? ¿Tanto sería pedir que hiciera al menos una foto, en vez de constar en un parte sin más el estacionamiento indebido? Me siento indefenso contra este abuso. Lo tercero es que, aunque 70 euros no sea una cantidad elevada, entregárselos al Ayuntamiento de Jávea es lo más parecido a tirarlos por el inodoro. Ese Ayuntamiento, a pesar de los cambios de color político que le he conocido en los casi 40 años que llevo visitando la localidad, es un Máster avanzado del malgasto y despilfarro público. Casi me sentiría más feliz pensando que están en la Cueva de los 40 ladrones, aunque también es muy posible que así sea, especialmente con ese Ayuntamiento. Lo último y no menos importante es que al coger el coche esa velada solo pude, como conductor responsable, beber refrescos, y encima recibí el premio gordo de la multa, cuando podría haber invertido mucho mejor esos 70 euros en unas cuantas copas de brandy “Duque de Alba”.

Comparo esta situación con el Derecho sancionador tributario y no deja de sorprenderme la diferencia. Existen multitud de sentencias, desde el Tribunal Supremo a los Tribunales Superiores de Justicia, en las que se subraya la necesidad de justificar de manera precisa la concurrencia del elemento intencional por parte del contribuyente en los procedimientos sancionadores tributarios; destacando también la jurisprudencia que es de incumbencia única de la Administración acreditar que los incumplimientos del contribuyente son voluntarios y merecen el reproche adicional que supone la sanción, sin que goce ésta, además, de ningún privilegio reforzado que le dispense de acreditar aquellos hechos que alega y en los que se funda cualquier posible sanción. De hecho, los ciudadanos, en este orden, gozan de una presunción de inocencia, que se traduce en el derecho a no sufrir ninguna sanción sin un juicio razonable de culpabilidad por parte de la Administración.

No vea el lector en esta comparación ni un ápice de envidia por mi parte. Comparto plenamente esos principios predicados por la jurisprudencia sobre las sanciones. Creo que, en mi práctica diaria, no soy de los especialmente favorables a considerar que procede el inicio de un procedimiento sancionador ante todo incumplimiento, el Derecho tributario es suficientemente complejo e interpretable como para que apliquemos con alegría el Derecho sancionador. Aun así, me he equivocado en ocasiones; y ya sea porque las cosas no eran tan claras como yo las apreciaba, porque el juicio de culpabilidad que realizaba no era lo suficientemente claro, o, simplemente, porque mi juicio era erróneo, he visto sanciones que he instruido anuladas por los órganos revisores. Así debe ser, además, si no está perfectamente claro, nadie debe sufrir el agravamiento de su situación que supone una sanción, y ello aunque en cada ocasión, la decisión de proponer sancionar o no sancionar, es materia a la que dedico profunda reflexión y debate con los compañeros del Equipo, para quedarme con la íntima tranquilidad de haber hecho lo que entiendo más correcto, es decir, haber desempeñado lo mejor posible mi trabajo. Eso me ha llevado a algunos enfrentamientos dialécticos, dentro de la corrección, por supuesto, con mis superiores, que no compartían mis reservas ante posibles sanciones.

Sé que no es éste siempre el caso con la Administración tributaria. He visto, en los bastantes años que pase en un TEAR, sanciones de todo pelaje; hasta llegar supuestos sangrantes como sanciones por conductas reiteradas que ya se habían considerado regulares por el TEAR o por el TSJ para el mismo contribuyente en procedimientos seguidos por otros ejercicios: los “amigos” de Gestión tributaria, en mi experiencia, son especialmente proclives a mantener esta inamovilidad de su criterio, aunque sepan estar condenando al contribuyente a iniciar un procedimiento absurdo, defendiendo su criterio en que solo resultan vinculantes la doctrina reiterada del TEAC o la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que el hecho que se hayan anulado no solo las sanciones, sino también las liquidaciones que les servía de base, no impide ni la práctica de la liquidación ni la imposición de la sanción; o regularizaciones sucesivas de los mismos hechos y del mismo contribuyente, sancionándose unos ejercicios y no sancionándose otros (sin que la causa de la sanción sea el mantenimiento por el contribuyente sin enmienda de la conducta que ya ha sido regularizada). Incluso, ha habido supuestos de sanciones absurdas en las que los alegantes manifestaban (sea verdad o no lo que decían, aunque me inclino a pensar que en algún caso lo era) que el propio instructor les había dicho que sabía que el TEAR iba a anular la sanción, pero que el (o ella) la imponía igual, y que recurriera el contribuyente.

Sí, sé que no todo es orégano en el monte de la Administración tributaria, pero desde luego debemos reconocer que, a pesar de esos abusos, es muy diferente a la situación que se aplica en otras áreas del derecho sancionador administrativo, como las multas de tráfico, tan injustas como la que me impuso el gañán del agente de la policía municipal de Jávea número XXX.

Ciertamente si este es mi estado de desánimo, por una sanción económica muy soportable, aunque injusta, no quiero ni pensar lo que sentirán nuestros agricultores y ganaderos, quienes defendiendo su medio de vida y el futuro de nuestra nación, de una forma pacífica, han visto unas intervenciones desmedidas, abusivas y violentísimas de las Unidades de Intervención de la Policía y Guardia Civil; esos mismos antidisturbios que vemos, en otras ocasiones, ante manifestaciones mucho más violentas, en las que sufre la policía todo tipo de insultos, vejaciones y agresiones, aguantar el tipo y callarse, tragar y soportar, sin reacción alguna. Sí, sé que serán las órdenes de un poder político, corrupto y sañudo, y en unos casos es tragar y en otros arrear, pero las llevan a adelante sin pestañear. No lo sé si estos policías que se han comportado de forma tan reprensible, no sé si el agente nº XXX de la policía municipal de Jávea, dormirán tranquilos, pensando que han desempeñado su trabajo, no ya de la mejor manera posible, sino al menos de una forma correcta.

No me extrañaría que haya algo de esta diferente forma de actuar detrás de la modificación de los procesos selectivos para la incorporación a la función pública. Comprobados los escrúpulos y resistencias de quienes tenemos la suficiente formación, adquirida y demostrada en un proceso selectivo exigente, para discutir que no todo vale y que las órdenes políticas se deben aplicar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, se prefieran a funcionarios de mucha menor preparación y más sumisos a la jerarquía (aunque pocos Inspectores pasaríamos las pruebas físicas de acceso a la policía -como diría Michael Jordan, al fin y al cabo, muchos tenemos cerca de 60 años- el grado de exigencia de su proceso selectivo es infinitamente menor que el de cualquier Cuerpo Superior de la Administración, y parece que pestañean poco ante órdenes de más que dudosa legitimidad).

Me despido ya, después de haber hecho nuevos amigos. Quizá solo sea que es cierta la frase que oíamos en el Señor de los Anillos: “La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado.” En todo caso, esta es mi pequeña gota, mi reflexión para despertar la conciencia de otros, mi grito para no tener que quedar como un “perjuro” del Ejército de los Muertos de “El Sagrario” cuando llegue el tiempo de los orcos.

Por Javier Bas Soria, Inspector de Hacienda del Estado y doctor en Derecho

*Las opiniones expresadas en las publicaciones del blog «NOSÓLOIMPUESTOS» son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, pudiendo no coincidir con las de IHE 

 

2 Comentarios

  1. Mario Pardo Carmona 4 de junio de 2024

    Gracias por tus comentarios.

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  2. Francisco Paredes Iniesta 6 de junio de 2024

    Tus -permíteme el tuteo- reflexiones me animan a seguir en esta etapa de «orcos» que estamos viviendo, a muchos niveles.
    Te animo a que mantengas tu actitud, a pesar de tanto gañán.
    Un saludo cordial.

    Responder

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