A propósito del nuevo marco de financiación autonómica

El principio filosófico conocido como La Navaja de Ockham viene a decirnos que, entre varias explicaciones posibles, la más simple viene a ser la más probable.  Se trae a colación a raíz de la firma este lunes 14 de julio del acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña o el partido de Ezquerra Republicana de Cataluña, la verdad, no sé realmente quién es el artífice o provocador de este acuerdo, para un nuevo modelo de financiación para esta Comunidad mediante el traspaso inicial del IRPF y el IVA de las PYMES. Diré en primer lugar algo evidente, no lo he leído por su lógica inaccesibilidad, con lo cual no me importaría escribir otro artículo rectificando beatíficamente y ponderando sus parabienes, pero he seguido con estupor y enorme preocupación las noticias publicadas en distintos medios, de más a menos afines como hacemos todos para sacar una somera idea.

En principio, se me antoja un cambio de mucho calado en el modelo de financiación y en más cuestiones de orden constitucional. A mayores, me sorprende el vehículo normativo con el que se lleva a cabo inicialmente. Se echa en falta un debate parlamentario previo y una modificación normativa amplia, a mayores de otras normas reglamentarios de desarrollo. Vendrán se supone, pero parece que se coloca primero el carro y luego los bueyes.  Denota cierta prisa nada aconsejable en estas cuestiones. Tampoco podemos encontrarnos ajenos a una innegable realidad, en poco tiempo otras comunidades solicitarán un régimen similar.

A raíz de la firma, nos dirán que todo seguirá igual por obra de los mecanismos de solidaridad y los ajustes necesarios, pero como funcionarios avezados nos produce una gran incertidumbre. Se vislumbra un aumento del descontrol, desinformación entre administraciones, como padecemos con las privilegiadas comunidades del País Vasco y Navarra, y, sobre todo, las cuentas se intuyen que no cuadrarán.

Lejos de replantearse ese arcano oscuro de los territorios forales, recogidos en nuestra Constitución de 1978 ciertamente, pero una herencia del carlismo, se amplían los beneficiarios, pero utilizando una terminología algo postmoderna para no ruborizarse. La importancia del lenguaje, nada nuevo.

Bien entrado la primera centuria siglo XXI, no se intenta capear la globalización y el mundo digital en aras de consolidar y fortalecer unos principios de igualdad y equidad; lejos de eso, se fomentan privilegios por razón del territorio. Se amplían los modelos singulares de financiación para resquebrajar y romper un sistema necesitado de una reforma, pero justamente en la línea contraria a la que se circula. El reto del futuro exige una administración eficiente, con menos coste y carga burocrática, ágil y accesible. Más unificada y con unidad de criterio.

La percepción por todos los ciudadanos de unos servicios similares en sanidad, educación, infraestructuras, acceso a la justicia etc.,  sin vincularse al lugar de residencia, salta por los aires por mucho que se recurra a la llamada cláusula de nivelación. Esta suerte de llave igualitaria con independencia del gobierno y su color se utilizará como moneda de cambio cada vez que, urgidos por necesidades parlamentarias, se recurra a negociaciones con partidos de comunidades beneficiadas. Ha pasado, pasa y pasará, no nos llevemos a engaño.

La  opinión anterior no procede de una facultad adivinatoria, simplemente la experiencia con el País Vasco y Navarra donde se ha producido una progresiva disminución de la aportación al Estado, hasta convertirla en simbólica, avala ese presagio. Mejor y ampliamente lo desarrolla el libro publicado por nuestro compañero Francisco de la Torre y el profesor Jesús Fernández-Villaverde, “Privilegios territoriales frente a ciudadanía”, el título lo dice todo. La paradoja de ese afán auto financiador y competencial en las dos comunidades lo encontramos en el enorme déficit de las pensiones, esa cuenta la pagamos todos, la caja común. El negocio del siglo

Pero nosotros, como funcionarios y desde la práctica cotidiana, sabemos que la cesión de los impuestos de mayor calado a otras administraciones territoriales supondrá un aumento de las trabas en muchas facetas, deteriorará la lucha contra el fraude, surgirán complicaciones en el intercambio de información, elevará los costes y la burocracia, en un afán de atraer o privilegiar a los suyos concederá ventajas fiscales (me vienen a la cabeza las deducciones a la cinematografía y la guerra entre diputaciones forales por atraer al inversor, entre otras) … y mil vicisitudes que romperán los principios sobre los que se asienta nuestro sistema tributario del art. 31 CE. No quiero mencionar el acceso al cuerpo de funcionarios ni la forma de provisión de los puestos de trabajo en esa potenciada agencia catalana o en las que surjan, me deprimiría más.

Hace unos años se celebró el congreso de nuestra asociación en Valladolid y una mañana soleada de jueves un ponente reflexionaba de la siguiente manera para manifestar el relativo caos de nuestro sistema tributario. No es literal, pero se acerca mucho: “si una empresa viene a España para instalarse y quiere saber cuántos y qué impuestos pagará, en la Administración se encontrará que en inglés no habla todo el mundo, (hoy ya, algunos más, digo yo), y algunas se dirigirán en otras lenguas diferentes al castellano. Luego le diremos que depende. Dependerá de la Comunidad Autónoma donde vaya a asentarse, de la Diputación correspondiente y del Ayuntamiento al que corresponda. A mayores, si es en el País Vasco y Navarra ya ni te cuento”.  Lejos de ir en una línea que fomente la competitividad, disminuya la burocracia y atraiga capital, nos dirigimos en sentido contrario. Por cierto, me callo por discreción el nombre del ponente.

En fin, me parece enormemente preocupante este rediseño de la financiación autonómica donde por desgracia, creo que el viejo franciscano inglés se saldrá con la suya. Esto es como parece.

Eduardo Rodríguez Temiño. Inspector de Hacienda del Estado

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