El ascensor social se juega en la vivienda

No siempre han existido los ascensores. Elevarse unos cuantos pisos sin esfuerzo alguno es un lujo de anteayer. Muchos tenían que subir unas cuantas escaleras para llegar a su casa. Eso convertía a las últimas plantas de los edificios en lugares menos deseables para vivir. Por eso eran más asequibles y en ellas residían las gentes humildes. En las plantas bajas y primeros pisos, gente con dinero. En las últimas alturas, los pobres. Vecinos ricos y vecinos pobres en un mismo bloque.

Pero llegó la generalización del ascensor a principios del siglo XX y, con ella, la revalorización de las plantas altas. Y los humildes, en lugar de ser “elevados” a sus hogares por el nuevo invento, abandonaron —o se vieron forzados a abandonar— sus casas y buscaron refugio en otros rincones. Desde entonces, sería cada vez más difícil encontrar vecinos ricos y vecinos pobres compartiendo edificio. Unos en los barrios buenos; otros, en las periferias. Y con la pérdida de la mezcla social llegó también la pérdida de oportunidades, de sinergias y de movilidad social. El ascensor, ironías de la vida, averió el “ascensor social”.

Lo que durante años fue una intuición hoy cuenta con un sólido respaldo empírico. Los trabajos de Raj Chetty y del laboratorio Opportunity Insights han demostrado, a través del Opportunity Atlas[1] y del Social Capital Atlas[2], que el código postal en el que se nace y se crece condiciona de manera decisiva las oportunidades vitales: ingresos futuros, nivel educativo, movilidad social e incluso esperanza de vida. No se trata únicamente de renta familiar, sino del entorno urbano, de la calidad de los servicios públicos, de la mezcla social y de la exposición a redes de capital humano. Allí donde existe segregación residencial persistente, la desigualdad deja de ser solo económica para convertirse en intergeneracional y estructural.

De estas conclusiones se deriva una implicación fundamental: la política de vivienda es, en realidad, una política de igualdad de oportunidades. No basta con transferencias monetarias ex post para combatir la desigualdad si el diseño urbano expulsa sistemáticamente a los hogares de renta media y baja hacia periferias desconectadas. La evidencia comparada muestra que los entornos con mezcla social, densidad bien planificada y acceso homogéneo a servicios generan mayores tasas de movilidad social. La segregación espacial, por el contrario, cristaliza la desigualdad y reduce el ascensor social incluso en economías dinámicas.

Este diagnóstico no es ajeno a la experiencia española. Han sido muchos y diversos los instrumentos empleados para tratar de garantizar la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Hoy, como entonces, la vivienda y el urbanismo juegan un papel central en la consecución de estos objetivos. Sin embargo, en la España actual el problema primario no es tanto la segregación social como la dificultad de acceso a la vivienda, que actúa como barrera previa y genera, como consecuencia, procesos de expulsión, segregación residencial y empobrecimiento.

Uno de los principales logros sociales del siglo XX en España fue convertirnos en un país de propietarios, dejando atrás uno de proletarios[3]. La mayoría de los españoles materializaba su ahorro mediante la adquisición de su propia vivienda. Todavía hoy, cerca del 90 % del patrimonio neto de los hogares españoles está integrado por la vivienda habitual y otros inmuebles (imagen 1).

A diferencia de muchos de los países europeos, la inmensa mayoría de los españoles tenía, hasta hace bien poquito, su casa en propiedad. Esa brecha respecto a los países de nuestro entorno se está reduciendo[4]. Y el motivo tiene una clara clave intergeneracional: los jóvenes no tienen capacidad de acceder a una vivienda (ver Imagen 2).

 

La juventud es el nuevo proletariado, y la desigualdad es cada vez mayor (ver imagen 3). La forma de la curva, alejada progresivamente de la diagonal, muestra cómo el porcentaje de riqueza acumulada por la población se va dispersando año a año entre los extremos. La pendiente de la curva se va acentuando con el paso del tiempo, muestra de que una minoría acumula mayor porción de la riqueza total.  Esta precariedad de los jóvenes no se acompaña de políticas presupuestarias que mejores su situación. Más bien al contrario. La prioridad de gasto se concentra en otras franjas de edad.

 

Esta tendencia de empobrecimiento mayoritario y progresivo de las nuevas generaciones no tiene por qué mantenerse en el tiempo. Menos por una cuestión asociada a la vivienda. La vivienda es un problema, sí, pero es un problema que puede tener solución. A mediados del siglo XIX, en Madrid había apenas 12.000 propietarios. Poco más de un siglo después, más del 80 % de los hogares estaba habitado por sus dueños. Una política que permitió al mercado de la vivienda atender las necesidades y demandas de la sociedad dio lugar a una profunda transformación social, con efectos redistributivos y de justicia social muy favorables.

Hoy, como entonces, asistimos a fuertes cambios demográficos que tensionan la demanda de hogares y desbordan una oferta excesivamente rígida. No se trata de una hipótesis teórica, sino de una presión perfectamente identificable. Según las previsiones del INE, en el periodo 2024-2039 la creación neta de hogares será de 3,7 millones. De ellos, en 2039, 7,7 millones serán unipersonales (el 33,5 %). Esta tendencia al alza viene impulsada tanto por el notable aumento de la población —principalmente por la inmigración, dado el saldo vegetativo negativo— como por el creciente peso de los hogares unipersonales.

Por tanto, una cosa es clara: hay que construir. Hacen falta más viviendas. Debemos aumentar la oferta. En esta tarea están implicadas todas las Administraciones, ya que el reparto de competencias en materia de vivienda involucra a todos los niveles administrativos. La coordinación, junto con una decidida voluntad política, resulta imprescindible para activar la maquinaria estatal y crear las condiciones que permitan un crecimiento notable y sostenido de la oferta de vivienda. Empezando por una nueva Ley del Suelo que, por evidentes motivos de aritmética parlamentaria, lleva años en el cajón.

También deberán ser creativos los responsables públicos a la hora de conjugar los intereses de la ciudadanía con los incentivos económicos necesarios para que promotores y constructores encuentren atractiva la actividad inmobiliaria. No es razonable —salvo desde una óptica netamente ideológica— afrontar este problema imponiendo únicamente trabas y obligaciones. Junto al palo debe ir la zanahoria: incrementos de edificabilidad cuando se promueva vivienda protegida, reducciones fiscales para construcciones sostenibles o procedimientos administrativos más ágiles.

El Estado tiene un papel insustituible en la promoción de la justicia social y la redistribución, pero no a través de la asfixia normativa que termina perjudicando a las mayorías, sino creando marcos que faciliten el desarrollo económico, la inversión y la ampliación efectiva de oportunidades. Cuando la intervención pública se limita a prohibir, restringir o encarecer la actividad productiva, el resultado no es más igualdad, sino menos crecimiento y una mayor concentración de ventajas en quienes ya están dentro del sistema.

La historia ofrece ejemplos elocuentes de políticas bienintencionadas con efectos perversos. Por ejemplo, el window tax en el Reino Unido. Se trataba de un impuesto que gravaba el número de ventanas de las viviendas. Pretendía ser progresivo, pero acabó distorsionando el diseño urbano, empeorando las condiciones de habitabilidad y afectando negativamente a la salud pública. Muchas viviendas se construyeron con menos luz y ventilación para eludir el impuesto. Es una lección clásica: cuando se ignoran los incentivos y la realidad social y económica, la política pública puede agravar exactamente los problemas que pretende resolver. Quizá nos suene esto en España.

En definitiva, una buena política de vivienda y urbanismo son instrumentos centrales de igualdad y justicia social. Cuando el acceso a la vivienda se convierte en una barrera infranqueable o en un motivo de exclusión social, el resultado no es solo exclusión residencial, sino una desigualdad más profunda, persistente y difícil de corregir por otras vías.

La justicia social no se alcanza bloqueando la construcción de viviendas y el desarrollo urbano, sino asegurando que la ciudad vuelva a ser un espacio habitable/accesible y de oportunidades compartidas. La función del Estado, en este ámbito, no es sustituir al ascensor social con políticas erráticas y obstructivas sino crear las condiciones- o dejar que otros lo hagan- para que vuelva a funcionar.

 

Guillermo Mislata Correa. Inspector de Hacienda del Estado

*Las opiniones expresadas en las publicaciones del blog «NOSÓLOIMPUESTOS» son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, pudiendo no coincidir con las de IHE 

 

[1] https://www.opportunityatlas.org/

[2] https://socialcapital.org/

[3] “Queremos un país de propietarios y no de proletarios” Palabras de José Luis Arrese, ministro de Vivienda en 1959.

[4] De 2007 a 2024, la tasa de propiedad ha pasado de un 80,60% a un 73,70% (ver: https://tradingeconomics.com/spain/home-ownership-rate)