Los funcionarios como primera línea de defensa del Estado de Derecho: cesiones competenciales y acceso a la función pública, bajo la lupa

Crónica de la Mesa “Estado de Derecho y Constitución Española ” del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Salamanca, los días 23 y 24 de octubre 2025 

En un contexto de creciente preocupación por el deterioro institucional, representantes de diversas asociaciones de funcionarios de élite confluyeron en Salamanca para analizar dos amenazas que, a su juicio, comparten un mismo origen: las cesiones competenciales por razones coyunturales y las reformas del sistema de acceso a la función pública. Bajo el paraguas del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, abogados del Estado, habilitados nacionales y fiscales coincidieron en advertir que desmantelar los controles al poder ejecutivo —ya sea fragmentando cuerpos de ámbito estatal o modificando el sistema de oposiciones— pone en riesgo garantías constitucionales esenciales.

Un diagnóstico compartido: el declive del Estado de derecho

La moderadora, Ana Ercoreca de la Cruz, abrió la sesión recordando que el Estado democrático de derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Española, garantiza el sometimiento de ciudadanos, políticos y funcionarios a la ley, así como la separación de poderes. Este principio conecta directamente con el artículo 31 —el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad— y con el artículo 103, que obliga a los funcionarios a servir con objetividad los intereses generales. Desde Fedeca, subrayó, existe una profunda preocupación por las cesiones competenciales que amenazan con romper esa igualdad.

Elisa de la Nuez Cascado situó el debate en un marco más amplio. Según los indicadores del Banco Mundial que maneja la Fundación Hay Derecho, España experimenta un declive constante en la calidad del Estado de derecho durante los últimos veinte años, medido en términos de lucha contra la corrupción, calidad regulatoria y eficacia del gobierno. Lo más llamativo, señaló, es que este deterioro ha sido más acentuado que en otros países de nuestro entorno.

En ese contexto, De la Nuez calificó el acuerdo de financiación singular de Cataluña como una anomalía democrática e institucional, al tratarse de un pacto entre partidos para una investidura —la de Salvador Illa— sobre un asunto que debería someterse a un consenso con luz y taquígrafos. El paralelismo con la Ley de Amnistía resulta, a su juicio, evidente: decisiones estructurales adoptadas por necesidades coyunturales, sin debate parlamentario genuino ni reflejo en los programas electorales.

Los habilitados nacionales: un dique frente a la corrupción local

Alberto Bravo Queipo de Llano ofreció la perspectiva de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local, un colectivo cuya función de control jurídico y económico en los ayuntamientos les convierte, según sus propias palabras, en el primer dique de contención frente a la corrupción en las entidades locales. El hecho de que estos funcionarios sean seleccionados a nivel estatal —y no por las propias corporaciones— garantiza su imparcialidad, pues el alcalde no puede nombrarlos ni cesarlos.

Bravo Queipo de Llano recordó que la selección nacional de los habilitados se remonta al Estatuto Municipal de 1924, tras comprobarse que la designación local solo favorecía el caciquismo y el nepotismo. Entre 2007 y 2013, las competencias se cedieron a las comunidades autónomas, con resultados que demostraron la ineficiencia del sistema: diecisiete regímenes de acceso diferentes, con distintas pruebas y dificultades. En 2013, el Estado recuperó esas competencias.

Sin embargo, en 2021 comenzó a negociarse con el Partido Nacionalista Vasco la cesión de las competencias de selección y nombramiento de los habilitados al País Vasco, a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La incorporación de esta cesión en la Ley de Presupuestos fue declarada inconstitucional; posteriormente se incluyó en un Real Decreto-Ley igualmente cuestionable, y ahora figura en la Ley Orgánica de Servicio Público de Justicia mediante una enmienda intrusa. Cataluña, añadió, pretende seguir el mismo camino a través de la Ley de Lobbies. Para APSITAL, estas cesiones no responden a un análisis técnico del mejor servicio al ciudadano, sino a meros cálculos políticos.

Los fiscales y la defensa del sistema de oposiciones

Antonio Roma Valdés expresó una enorme preocupación por las reformas que pretenden modificar el acceso a la función pública. El sistema de oposiciones, recordó, nació a finales del siglo XIX precisamente para romper con las cesantías galdosianas y las designaciones digitales, y hoy goza de una aceptación social consolidada: cuando alguien aprueba una oposición, toda la sociedad entiende que se lo merece.

Roma Valdés advirtió de que el modelo propuesto —el Consenso por una Administración Abierta— le parece rupturista e inédito, sin equivalente en los países europeos donde la función judicial funciona razonablemente bien. A su juicio, el nuevo modelo devaluará la función judicial y fiscal porque no exigirá las destrezas que después se requerirán a quienes lo superen. Además, mostró su incomodidad ante la posibilidad de que los ciudadanos puedan sospechar la tendencia política de jueces y fiscales; prefiere, dijo, no saber lo que votan sus compañeros.

El representante de la Asociación de Fiscales también denunció el momento elegido para anunciar estas medidas: la misma semana en que se deslegitima la función judicial, se plantea que el poder judicial es un problema y se ofrece esta reforma como solución. No es bueno, afirmó, destruir aquello que funciona.

Una función pública profesional como contrapeso al poder

Elisa de la Nuez Cascado cerró el debate volviendo sobre una idea transversal: la función pública profesional, técnicamente preparada y neutral, constituye el principal contrapeso al poder. Es, subrayó, la primera barrera para poder decir que no cuando hay algo a lo que hay que decir que no.

A su entender, el debate sobre la reforma de la financiación autonómica y de la función pública está contaminado por el contexto político. Los datos desmienten que la función pública sea endogámica o que solo puedan acceder a ella los hijos de familias pudientes; más bien, la oposición ha sido durante décadas un ascensor social. Cuando los argumentos no son verdaderos, advirtió, uno tiende a pensar qué hay detrás. Y lo que hay detrás, en su opinión, es una tendencia global hacia la democracia iliberal, donde funcionarios profesionales y neutrales sobran porque limitan la libertad de acción del poder ejecutivo.

La moderadora concluyó la mesa reivindicando el papel de los funcionarios como primera línea de defensa: lo que las empresas esperan encontrar cuando acuden a una inspección de Hacienda o de Trabajo es un funcionario que sabe, que es imparcial, que es independiente y que no va a aplicar otro criterio que el que establece la ley.

Vídeo de la segunda mesa del XXXV Congreso  – Estado de derecho y Constitución Española

Pablo Grande Serrano. Inspector de Hacienda del Estado.