Del temor a la confianza: claves para una relación más cooperativa entre Administración y contribuyente
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Crónica de la Mesa “Mesa: Seguridad jurídica y sistema tributario” del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Salamanca, los días 23 y 24 de octubre 2025
En el siglo XVI, Manuel de Azpilcueta escribió en Salamanca un manual para confesores en el que abordaba, entre otros dilemas morales, cuándo había que pagar los tributos: si el tributo era cierto, debía pagarse; si era injusto, no; y si era dudoso, podía no pagarse. Quinientos años después, en la misma ciudad que vio nacer aquella reflexión, la tercera mesa del Congreso de Inspectores de Hacienda se reunió para debatir cómo garantizar hoy la seguridad jurídica que necesitan ciudadanos, profesionales y administraciones. La conversación mostró un consenso inesperado: la confianza no surge de la norma, sino de los pequeños gestos.
Un punto de partida común: del modelo vertical al colaborativo
La mesa congregó tres perspectivas que, sobre el papel, podrían parecer enfrentadas: la de una auditora fiscal brasileña que coordina programas de cumplimiento cooperativo, la de un asesor fiscal español con casi treinta años de ejercicio profesional, y la de un subdirector general de la Agencia Tributaria. Sin embargo, el debate reveló un diagnóstico compartido: venimos de un modelo demasiado vertical, en el que la relación entre Administración y contribuyente ha estado marcada más por el temor que por la colaboración.
Bernardo Bande lo expresó con claridad desde el inicio: hay cierto respeto hacia Hacienda, lo cual es deseable, pero ese respeto convive con un temor que no favorece la confianza. Según explicó, los contribuyentes no siempre perciben que la Administración distinga al cumplidor del incumplidor, y eso genera una sensación de desamparo cuando, tras presentar decenas de declaraciones correctamente, un pequeño error desencadena una sanción.
María Aparecida Meloni ofreció un diagnóstico similar desde la experiencia brasileña. En 2013, el estado de Minas Gerais se enfrentaba a un volumen extraordinario de crédito tributario acumulado cuya realización por vía judicial era insignificante. Aquella situación forzó un cambio de enfoque: pasar de la fiscalización punitiva al monitoreo preventivo, clasificando a los contribuyentes según su comportamiento y dedicando a cada segmento un tratamiento diferenciado.
Los avances de la Administración española: información, asistencia y motivación
Jesús Gendra aportó la visión desde dentro de la Agencia Tributaria. Para la inmensa mayoría de los contribuyentes —los 24 millones de declarantes de IRPF—, la seguridad jurídica no se construye con consultas vinculantes ni con acuerdos previos de valoración, sino con instrumentos de información y asistencia más básicos: datos fiscales precargados, asistentes virtuales, resolución de dudas en campaña de renta. La palabra del asesor y la palabra de la Agencia, señaló, son lo que da seguridad al contribuyente común.
En los últimos años, explicó Gendra, se ha trabajado en simplificar el lenguaje de las notificaciones, en incorporar carátulas que expliquen qué es el documento recibido y en mejorar la motivación de las liquidaciones. No se trata de automatismos, sino de un cambio cultural dentro de gestión tributaria que lleva años fraguándose.
Especial mención mereció la revisión del régimen sancionador. El número de sanciones ligadas a procedimientos terminados en liquidación no llega al 50% en gestión tributaria. Además, en los dos últimos años se ha reducido significativamente la imposición de sanciones en autoliquidaciones sin perjuicio económico y en declaraciones informativas presentadas fuera de plazo. El criterio aplicado ha sido sencillo: distinguir si es la primera vez que el contribuyente comete el error o si se trata de un incumplidor reincidente.
Los pequeños gestos que marcan la diferencia
Bernardo Bande insistió en que, en un sistema de autoliquidaciones donde el contribuyente debe interpretar la norma, cumplir plazos y navegar cambios de criterio, la sanción debería ser la excepción. Cuando existe una discrepancia interpretativa —no un fraude deliberado—, sancionar envía un mensaje demoledor al contribuyente cumplidor.
Para ilustrarlo, puso ejemplos concretos de su práctica reciente: un notario al que no se le admitió la deducción de seis sillas para su sala de juntas, o la negación de la deducción de una tapa de inodoro porque no se pudo probar que pertenecía a la oficina. Reconoció que son casos extremos, pero subrayó que esos pequeños gestos determinan la percepción ciudadana de la Administración. La empatía —ponerse en el lugar del electricista que no puede deducir la furgoneta rotulada con la que trabaja— debería guiar la actuación administrativa.
Desde la perspectiva brasileña, María Aparecida aportó la experiencia del programa Nos Conformes de São Paulo, donde la clasificación de contribuyentes y el acompañamiento personalizado han permitido reducir el contencioso y mejorar la recaudación presente. En su análisis, la confianza no nace espontáneamente: surge de una gobernanza basada en la gestión de riesgos y de un compromiso voluntario, técnico y profesional entre fisco y contribuyente. El resultado para las empresas es seguridad jurídica, previsibilidad y un menor coste de litigios.
El derecho al error y la moderación sancionadora
La mesa abordó con detenimiento el llamado “derecho al error”. Aunque la Ley General Tributaria no contiene un capítulo específico con ese nombre, Jesús Gendra señaló que ya existen mecanismos que apuntan en esa dirección: reducciones en sanciones, la cláusula de interpretación razonable de la norma y, sobre todo, la exigencia de culpabilidad. Lo que falta, quizá, es agrupar esas previsiones dispersas y dotarlas de mayor visibilidad.
Bande coincidió en que ha notado una mejoría: la moderación sancionadora empieza a percibirse fuera de la Administración. Pero insistió en que queda camino por recorrer, especialmente en aquellos casos donde la discrepancia es puramente interpretativa y no existe ocultación ni ánimo defraudatorio.
Una reforma brasileña que apuesta por confianza y cooperación
El cierre de la mesa se centró en el futuro. Brasil atraviesa una reforma tributaria profunda que unificará los tributos sobre el consumo en un IVA dual y que obligará a las administraciones tributarias de estados, municipios y Unión a cooperar como nunca antes. Según María Aparecida, esta reforma se asienta políticamente en dos ideas fuerza: transparencia y simplificación. Y para las administraciones tributarias, el cambio cultural es inevitable: la confianza y la cooperación son los pilares del nuevo modelo.
Bernardo Bande cerró su intervención con una reflexión sobre la defensa institucional. La lucha contra el fraude es irrenunciable, pero no puede confundirse con la regularización de discrepancias menores. Y añadió un elemento que conecta con la propia razón de ser de nuestra Asociación: el nivel de conocimiento y actualización de los inspectores es un hábito institucional que debe mantenerse. Frente a contribuyentes y asesores bien preparados, la Administración necesita funcionarios que dominen la materia. Por eso, afirmó, siempre estará al lado de quienes defienden el mérito y la capacidad
Vídeo de la Mesa: Mesa: Seguridad jurídica y sistema tributario
Pablo Grande Serrano. Inspector de Hacienda del Estado.