Pagar impuestos escuece, pero a unos más que a otros

Hoy voy a intentar reflexionar sobre cosas evidentes, tan evidentes, que parece absurdo que tengamos que escribirlas.

El dinero público es de alguien. Nadie mejor que los funcionarios al servicio del área de ingresos lo sabe. No es ya la actividad de comprobación en la que se está comprobando y, eventualmente, liquidando a una persona física o jurídica, a la que ponemos “cara”; sino que son una montaña de autoliquidaciones, que multiplica en muchas veces el número de las liquidaciones, en las que sin esa referencia inmediata que tenemos en la comprobación, aparece un nombre y apellido o una razón social que muestran quien está contribuyendo a la Hacienda Pública con un porcentaje de su esfuerzo.

La Hacienda Pública recibe los fondos para el sostenimiento de los gastos públicos. Así lo dice la Constitución. Y en ese objetivo loable se producen quebrantos. No son únicamente los gestores públicos que directamente roban parte de esos fondos públicos, pues eso es una conducta delictiva que debe castigarse (y vigilarse mucho más). Es la frecuencia con la que el gasto público se despilfarra, tanto por intereses espurios, buscando comprar el voto, como por la simple falta de capacidad de los gestores públicos que, muchas veces actuando como visionarios, cuando son solo unos auténticos patanes, gastan auténticas montañas de dinero en estupideces. Incluso cuando gastan en lo que deben, muchas veces los hacen mal.

Ciertamente el ordenamiento había previsto algunos límites para prevenir estos hechos. Otra vez es la propia Constitución, que prevé que el gasto público realice una asignación equitativa de los fondos entre las necesidades públicas, es decir, en función de su importancia, y que demanda además que su ejecución deba acometerse con eficiencia y economía, es decir, con el menor empleo de fondos posible para atender a esas necesidades.

Sin embargo, el problema fundamental sigue siendo como se identifica cuál es la necesidad que debe atenderse por el gasto público, y de entre las innumerables, cuanto debemos atender a cada una. El instrumento fundamental para ello es el presupuesto. Precisamente, surge como exigencia de someter un plan de gastos de la Hacienda que sea aprobado por el Parlamento, para prevenir que el gasto se realice sin orden ni concierto por los gestores públicos, en función de sus preferencias u ocurrencias; y esa función de control por parte del Parlamento se asume porque en el Parlamento se reúnen representantes de los que pagan, que quieren saber en qué y para qué se van sus dineros.

Evidentemente, cuando falla el Parlamento, falla esta función. Un Parlamento controlado por partidos políticos, a su vez controlados por los miembros del ejecutivo, es un Parlamento sin pensamiento independiente, que no representa a quien debe sino a quien tiene que controlar, y, por todo ello, sin su función real.

Además, aunque no fuera así, el Parlamento está cargado de vicios de raíz que no solo no corregimos, sino que aumentamos. Vascos y navarros gozan de una Hacienda autónoma, y, sin embargo, deciden a través de sus representantes cuánto tenemos que pagar el resto de españolitos y en qué se debe gastar. No solo eso, sino que sus votos sirven además para que el cupo esté infravalorado y nos cuesten los servicios públicos generales más de lo que debería al resto. Bueno, tampoco son tantos, se puede pensar. Pero mañana unos supuestos nietos de españoles exiliados, que ni han vivido aquí, ni piensan vivir aquí, pueden decidir cuáles son las necesidades de los españoles que vivimos aquí y cuánto hay que pagar por atenderlas.

No todos los males son de la organización. También existe una falta de preparación de los ciudadanos para votar, incluso de aquellos a los que por formación se nos supone más preparados, que simplemente siguen unas siglas, y que no juzgan, ni tan siquiera, si los políticos han cumplido con lo que les prometieron, si han destinado los fondos a lo que dijeron que harían, o si lo han desviado a necesidades distintas, para decidir su voto futuro.

La premisa de la que he partido, aunque sea implícitamente, es que los dineros de todos sirven para financiar los gastos públicos. Aunque indudablemente es así, pues todas las manifestaciones de nuestra vida están gravadas por los impuestos, y por ello ningún residente en España escapa totalmente de contribuir; en un sistema progresivo, la contribución de todos no es uniforme, sino que unos contribuyen más que otros por su capacidad económica. Y claro, es mucho más fácil convencer de una necesidad pública demandante de grandes fondos a quien no se percata de cuánto cuesta, porque solo paga una mínima parte, que a quien la paga íntegramente, no solo su parte, sino también la de los demás.

Existen varias historias de las que circulan por internet que muestran la paradoja de la progresividad de los impuestos. Una de ellas cuenta la historia de cuatro amigos que toman todos los días una cerveza juntos. Cada uno de ellos tiene una capacidad económica, y, para disfrutar de ese rato, el que más dinero gana se ofrece a pagar parte de las cervezas de dos de los amigos e invitar al cuarto. Pasado el tiempo, el dueño del bar, por su fidelidad, les ofrece un descuento, del que la mayor parte beneficia al que financiaba a los amigos, recibiendo un descuento pequeño los que pagaban parte y, lógicamente, nada el que era invitado. Los amigos se enfadan porque no se han beneficiado del descuento en la misma medida que el “pagano”, incluso el que no pagaba nada, y exigen una parte mayor del descuento. El que contribuía deja de acudir a la cita con lo que todos los restantes pierden la cerveza gratis o rebajada que tomaban (además del amigo).

No voy a terminar sino reclamando imposibles. La necesidad de concienciar a los ciudadanos del coste de los servicios públicos, que financiamos entre todos, pero no de igual manera; la obligatoriedad de pedir únicamente cosas lógicas, no absurdos, esperando además que nos lo pague otro; y la obligación de exigir responsabilidad y responsabilidades a los políticos, de forma que si, por impericia o por sinvergonzonería, no cumplen con lo prometido, se vayan a su casa y dejen de gestionar nuestros fondos. Lo que digo, un imposible, aunque si logro que algún compañero, al que le debo suponer la capacidad intelectual para ello, juzgue a un político por lo que ha hecho, y no por lo que le dicen o piensa que harían otros, mucho menos por las siglas que lo amparan, ya habrá valido la pena mi tiempo en escribir esta entrada y el suyo en leerla; y no me importa que lo haga simplemente porque le escueza pagar para nada.

Javier Bas Soria. Doctor en Derecho. Inspector de Hacienda del Estado

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