Corrupción a toda vela

“Resulta escandaloso que a diario nos levantemos con el anuncio de nuevos casos de corrupción, ya sean relacionados con personas físicas, jurídicas o con instituciones, sin que las distintas partes responsables de atajar esta lacra -Administración Pública Estatal, Autonómica, Local y Partidos Políticos- hayan tomado las medidas para erradicar la situación. Ello debe ser considerado un problema fundamental en el desarrollo de un Estado de Derecho.

Esta situación ha sido reiteradamente advertida por la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) desde el año 2005, que ha solicitado públicamente la adopción de medidas anticorrupción referidas a los ámbitos fiscal, administrativo, institucional, mercantil y penal. Los ciudadanos perciben este estado de corrupción como uno de los principales problemas de nuestro país.

La corrupción política se puede definir, en un sentido amplio, como el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado, y las llamadas medidas de transparencia suponen uno de los pilares básicos de la lucha contra la corrupción.

En el análisis de la lucha contra la corrupción se perciben tres problemas fundamentales, pero para los que hay soluciones. El primero de ellos es que los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias, por lo que cabe preguntarse por el motivo de que no sean los órganos de control del Estado quienes descubran estos casos, y si existen medidas para cambiar la situación. Las medidas para solucionar el primer problema mencionado deben consistir en un reforzamiento de los órganos de control y supervisión que suponga una ampliación de sus facultades legales de investigación, de sus medios y de su independencia.

Los organismos internacionales han obligado a modificar la legislación española sobre prevención de blanqueo de capitales, y ahora se establece que hay que vigilar a los políticos españoles y a sus allegados. Hagámoslo de verdad, y que lo reflejado en la norma no se quede en una mera declaración de intenciones

El segundo problema se presenta cuando, una vez descubiertos, las condenas que se producen no suponen el ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional. Incluso en el caso de una condena es posible que llegue después el indulto del Gobierno, o si hay también delito fiscal, el caso se solucione con el pago de lo que se defraudó más una pequeña multa, pero sin ingreso en prisión. Cosas como estas se solucionan con medidas legales, como el agravamiento de las penas, el cambio del régimen de aforamiento, la imposibilidad de que un imputado siga desempeñando cargos públicos, las penas agravadas para los testaferros, y otras posibles.

El tercer, y último problema, es que el dinero procedente de la actividad delictiva suele estar siempre a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal. Incluso puede suceder que el dinero se sienta tan seguro en esos territorios que se desprecie acogerse a una amnistía, como ha ocurrido con la última aprobada en el año 2012. A pesar de lo que manifiestan algunos, existen medidas contra la utilización de los paraísos fiscales.

Así pues, la corrupción no se puede combatir solamente con medidas judiciales y penales, sino que tienen una importancia especial las medidas de carácter preventivo que deben ser llevadas a cabo por los órganos de control y fiscalización del Estado. A la vista de la situación actual, los resultados se pueden calificar como de estrepitoso fracaso. Quizá por falta de medios, o de competencias para actuar, pero ciertamente no están sirviendo para evitar, frenar, ni prevenir la oleada de corrupción que sufre España desde hace muchos años.”

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La introducción que he reproducido más arriba pertenece al documento elaborado por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado “El grave problema de la corrupción en España”  con motivo de su Congreso anual celebrado en Bilbao en 2014, dedicado íntegramente al análisis de la corrupción. Han pasado más de diez años desde entonces y, sin embargo, todo lo que allí se decía es perfectamente aplicable a la situación actual.

Lo anterior pone de manifiesto la nula intención de nuestros políticos, actuales y anteriores, de aprobar medidas que realmente cambien la situación. Pongo como ejemplo significativo la situación de los habilitados nacionales –secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local– que desempeñan funciones reservadas y esenciales en todos los ayuntamientos, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria

Los Inspectores de Hacienda propusimos en el año 2007 hacer un plan de inspección de políticos, alcaldes y concejales de urbanismo, en pleno boom inmobiliario y con casos diarios de corrupción urbanística. Nadie atendió aquella propuesta. En el año 2008 se contabilizaban más de mil casos de corrupción, cifra que solo descendió por el estallido de la burbuja inmobiliaria, no por la adopción de medidas eficaces.

Una labor importante para controlar dicha corrupción era la función de fiscalización que ejercían   los habilitados nacionales. Para evitar los inconvenientes que suponía esa labor para los políticos, se adoptó la irresponsable decisión de que el nombramiento de los Interventores Locales en los ayuntamientos más importantes fuera de libre designación, afectando esta situación gravemente a su labor de control y supervisión. En el supuesto de que el Interventor pusiera pegas a sus proyectos, se le cesaba, y el funcionario tenía que buscarse otro Ayuntamiento en el resto de España que lo quisiera contratar. En el año 2018 se cambió la situación.

Ahora en 2025, por exigencia de los partidos independentistas catalanes, el Gobierno actual ha aprobado el Real Decreto-Ley 15/2025, de 2 de diciembre, figurando en el mismo la cesión a la Generalitat de la competencia exclusiva para cubrir las plazas de estos funcionarios, fragmentando un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.

Dicha medida es contraria a la lucha contra la corrupción, ya que sabemos que cuanto más cerca de los políticos estén los profesionales que ejercen funciones de supervisión y control, más difícil es ejercer dichas funciones con independencia.

Se supone que los políticos deberían tener como objetivo principal prestar un servicio público para mejorar las condiciones de vida de sus “inocentes” ciudadanos, que cuando votan no saben que algunos de estos políticos no tienen ese objetivo. Lo que sucede en la práctica es que, cuando ya están subidos en la poltrona del poder, su objetivo principal va a consistir en beneficiarse ellos, sus parejas, hermanos, cónyuges, amigos o cualquiera que se les arrime. Esos objetivos, servicio público y beneficio propio, no tienen por qué ser incompatibles, pudiendo darse a la vez en alguno de ellos.

Los políticos corruptos llevan ya demasiados años sintiéndose en España como pez en el agua, y la razón es porque nadie les ha incomodado, ni en el ámbito preventivo ni en el penal, provocando esa situación una sensación de impunidad que produce un “efecto llamada”.

Cualquier oportunidad que pueda surgir se aprovecha, ya sean concesiones públicas, como las ITV o las basuras, o situaciones de emergencia nacional, como la necesidad urgente de comprar mascarillas en la pandemia, pero la estrella de la corrupción, y que siempre perdura en el tiempo, es la contratación de obra pública. Lo que sucede en todos estos casos es que el dinero público, que sale de los impuestos que pagan los ciudadanos se va por las alcantarillas de la corrupción.

La medida más eficaz sería cambiar la mentalidad de nuestros políticos, pero sabiendo que eso es ciencia ficción, y bajando a la realidad, tendrían que aprobarse medidas de todo tipo, también ciencia ficción, porque el problema es que tienen que aprobarlas ellos mismos. Como no se puede generalizar y decir que todos los políticos sean unos corruptos, lo que sí está claro es que, si no se aprueban las medidas necesarias para atajar esta lacra, que se prolonga durante años y años, todos ellos, corruptos y no corruptos, son cómplices de la situación.

En el aspecto operativo, la situación supone un estrepitoso fracaso de los órganos de control y fiscalización del Estado, ya que ninguno de los casos descubiertos es consecuencia de sus actuaciones de control, sino de denuncias, grabaciones de los propios corruptos durante años, o de casualidades. Por eso, una de las medidas principales tiene que consistir en potenciar los órganos de control del Estado. Los Inspectores de Hacienda llevamos muchos años proponiendo medidas, como una vigilancia especial de los políticos en los planes de control tributario de la AEAT, o la creación de un organismo multidisciplinar, una Oficina Nacional Antifraude, con funciones específicas de lucha contra la corrupción. Nunca nos han hecho caso.

Tenemos un panorama desolador, ya que los ciudadanos ven cómo estos políticos corruptos despilfarran a diario el dinero público, y que el resto no tiene ninguna intención de cambiar la situación.

José María Peláez. Inspector de Hacienda del Estado (jubilado)

*Las opiniones expresadas en las publicaciones del blog «NOSÓLOIMPUESTOS» son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, pudiendo no coincidir con las de IHE