Retroceso frente a progreso: sobre el preacuerdo de la propuesta de financiación “singular” para Cataluña

Hoy día nadie pone en cuestión que vivimos en un mundo globalizado. La globalización, entendida como proceso de integración e interconexión de las diferentes naciones en distintos planos político, económico, social y tecnológico, es la consecuencia de los diferentes avances y conquistas del ser humano, y nos ha proporcionado numerosas ventajas, generando además economías de escala importantes que permiten ahorrar muchos esfuerzos a las personas que habitamos en este planeta.

Sin embargo, es comprensible que la globalización conviva con el respeto a la personalidad y la particularidad de los grupos humanos que están integrados en ella. De lo contrario, estaríamos perdiendo nuestra identidad y, como se suele decir, dejaríamos de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una cuestión importante porque influye en el espíritu de los pueblos y en el sentido de la pertenencia a algo, que es fundamental para encontrar un sentido a nuestra existencia, que no debe consistir sólo en pasar por la vida sino en vivirla y en dejar en este mundo nuestra mejor impronta.

Estas reflexiones que se colocan en un plano cuasi filosófico nos ayudan a entender ciertos comportamientos humanos que son perfectamente razonables y compresibles, como el hecho de que la unidad de una nación histórica como es España pueda coexistir con la variedad y riqueza de sus distintas regiones, variedad y riqueza siempre entendidas dentro de un orden.

El orden al que me refiero contempla la unidad de desarrollo de una empresa como es España teniendo en cuenta que la misma presenta una uniformidad desde su creación. Esta uniformidad se predica, en palabras de Julián Marías, en el hecho de que existe, desde su creación, una prolongación de escenario que tiene como punto de partida el territorio de la Península Ibérica en el que se encuentran diferentes personajes a los que se añaden otros nuevos, desarrollándose un drama con ingredientes y recursos que van cambiando a lo largo de los años pero que configuran un determinado argumento, que es el patrimonio material y espiritual que va conformándose a lo largo de los siglos, teniendo como punto de partida de esa uniformidad el proceso de romanización de la Península.

Por lo tanto, jurídicamente, la naturaleza de nuestra nación tiene carácter fundacional, no asociativa, y por ello los españoles tenemos el deber de cuidar el patrimonio, la empresa, que hemos recibido de nuestros antepasados, tratando de mejorarlo para que nuestros descendientes puedan seguir disfrutando de él, como mínimo, en las mismas condiciones que nosotros hemos podido aprovecharlo.

La propuesta de un nuevo modelo de financiación para Cataluña que se presenta en estos días, y que se argumenta sobre la base de una especial singularidad histórica, no sólo no se contempla en nuestra legislación, cuya base es el texto constitucional, sino que contraviene la propia naturaleza jurídica que acabo de indicar y algo que actúa contra natura no tiene muchos visos de prosperar y si prospera, será porque alguien, sobre la base de la fuerza bruta, quiere imponer sobre otros, a quienes considera inferiores, algo que, tarde o temprano, terminará en frustración.

Dentro de la legislación y de la propia esencia de España pueden conjugarse diferentes posibilidades y de modelos de financiación, pero los modelos que se presenten deberían respetar siempre unos mínimos asentados en unos principios básicos, como son la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre las regiones que conforman nuestra nación. Si la progresividad tributaria, aplicable a las personas físicas implica que quien tenga más aporte más, en el ámbito territorial debe funcionar exactamente igual. A nadie, en pleno S. XXI le cuesta entender esta idea, salvo que tenga ínfulas de superioridad frente a los demás, algo que en Democracia y en un país avanzado, no podemos permitir quienes creemos en la igualdad de todos.

Además, y en el caso de la aplicación del sistema tributario que ahora se quiere romper, aunque sólo fuera por la eficiencia y por todo lo que siempre nos han dicho los que nos observan desde fuera, la unidad de acción es mucho mejor y más eficaz que la quiebra de la unidad, por lo que deberíamos entender que no se puede romper una institución tan importante en nuestro Estado de Derecho como es la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria española no sólo garantiza una aplicación uniforme del sistema tributario al que estamos sujetos todos los españoles, sino que ofrece unos servicios ágiles que, de quebrarse, no podrían seguir ofreciéndose en las mismas condiciones, por lo que, como siempre, los más vulnerables serían los primeros afectados. Y esto no casa mucho con el “progreso” del que tanto hablan quienes han llegado al preacuerdo de romper el actual modelo de financiación y con ello, quien lo gestiona a nivel nacional, que es la Agencia Tributaria. Progresar significa avanzar y, desde luego, esta ruptura sería un grave retroceso que pagarían muy caro, sobre todo, quienes menos tienen.

Desde el colectivo de Inspectores de Hacienda no queremos otra cosa que nuestra nación progrese, y en eso está buscar los mejores servicios de información y asistencia y la mejor lucha contra el fraude que es imposible llevar a cabo rompiendo la unidad de caja, de información, de bases de datos y de actuación que ahora mismo tenemos.

No nos quepa la menor duda de que si esto prospera, el fracaso estará garantizado. Y volver atrás será sumamente complicado, tenemos ejemplos recientes en la historia de países no tan lejanos. Conservemos y cuidemos, para dejar a nuestros descendientes, las instituciones que funcionan bien y sólo tratemos de mejorarlas buscando el bien común, y no el particular bajo un falaz progresismo que, como decía la gran Rocío Jurado cuando cantaba al amor, ha terminado rompiéndose, de tanto usarlo.

Ana de la Herrán Piñar. Inspectora de Hacienda del Estado

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