En defensa de los Inspectores de Hacienda del Estado: preparación, independencia y profesionalidad

Empezamos el nuevo año con un panorama incierto para la Administración pública y, por extensión, para los ciudadanos, a quienes los funcionarios públicos deben servir y asistir con profesionalidad, objetividad e independencia, ofreciéndoles y dándoles el mejor servicio posible, aquél para el que se han preparado y para el que han acreditado conocimientos, haciéndoles  merecedores de ocupar un puesto de trabajo público.

Desde hace casi cinco años, asistimos a una batalla encarnizada, iniciada por quienes tienen el objetivo de acabar con el statu quo vigente en las instituciones y en diversos ámbitos de la Administración y  cuya finalidad – después de instalarnos en el caos-, es dar a conocer una solución infalible que llevará, según prometen, a una convivencia “pacífica” entre todos.

Los últimos en sufrir este cruento ataque han sido los jueces, quienes a través de todos los medios a su alcance:  artículos de opinión e intervenciones en la redes sociales, dicen bien alto y claro que existe un objetivo evidente por desprestigiar, rebajar y, en definitiva, colocar en el “lado oscuro” a quienes tienen uno de los poderes más importantes en democracia, como es el poder judicial, cuya presumible independencia, por culpa de todo este ataque absolutamente inmerecido y basado en burdas falacias, pende en estos momentos de un fino hilo que está a punto de romperse.

Los inspectores de Hacienda del Estado no hemos sido ajenos a este ataque sin precedentes, tras meses de ofensivas despiadadas  y comentarios ofensivos sobre compañeros que realizan sus actuaciones con la máxima profesionalidad, conocimiento y rigor. Estas arremetidas contra actuaciones de compañeros hacen que la figura profesional de la inspección de hacienda del Estado se aleje cada vez más del ciudadano  y nos acerque, sin nosotros quererlo, a una politización que en absoluto existe, al menos actualmente.

Como no podía ser de otra manera en democracia, cada persona es libre de tener sus ideas políticas, y eso, de ninguna manera debe y puede condicionar el trabajo, que se realiza, tal y como señala nuestra Constitución, con objetividad y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Para garantía de todos los ciudadanos, los inspectores de hacienda del Estado accedemos a esta profesión mediante unas exigentes pruebas de acceso, lo mismo que sucede con otros funcionarios pertenecientes a Cuerpos Superiores de la Administración. Se trata de un sistema totalmente objetivo, en el que no existe “enchufe” que pueda dar lugar a descartar a  una persona más válida frente a otra, porque esta última practique el amiguismo que, por cierto, sí es cada vez más habitual en los distintos ámbitos de la política. Como digo, esta práctica del “amiguismo” que lleva a ocupar puestos de gran responsabilidad a personas sin ninguna preparación para el cometido que tienen encomendado, tiene graves consecuencias para el pobre ciudadano que tiene que soportar la falta de capacidad y de conocimientos técnicos de los dirigentes políticos, mientras sigue pagando religiosamente los cada vez más complejos impuestos.

Los detractores del actual sistema de selección, vigente desde hace muchos años, lo tildan, para criticarlo, de demasiado “tradicional”. De lo que no son conscientes aquellos que se oponen al actual sistema de oposiciones (dicho con ironía) es que rebelarse contra esa tradición no deja de ser una forma de sumisión a los nuevos tiranos que pretenden hacernos creer que sus soluciones, que aún están por comprobar, van a ser infalibles en la resolución del problema de la falta de efectivos existente en algunas áreas de nuestra Administración.

El hecho objetivo es que se quiere acabar con un sistema que, puede tener sus defectos y podría ser mejorable (existen propuestas encima de la mesa de responsables políticos)  pero que, desde luego funciona y funciona bastante bien.

Permite que los funcionarios, objetiva y altamente preparados, puedan servir a los intereses generales de todos los ciudadanos, entre los que, por supuesto, también están los inspectores de hacienda del Estado. Esto no quiere decir que nunca cometamos errores, que debamos mejorar en ciertos aspectos en los que queda margen para esta mejora o que, en algunos momentos, pueda parecer que hay una tendencia hacia algo o hacia alguien, aunque esta supuesta tendencia no refleje la realidad. Lo que no ponemos poner en duda es que la Inspección de Hacienda del Estado actúan siempre con la máxima profesionalidad en el ejercicio de sus funciones y que, salvo que se demuestre lo contrario, esto es así siempre. Por tanto, no es de recibo que la Inspección sea objeto de persecuciones inmerecidas y de juicios y sentencias sociales cuando hacemos, lo mejor que podemos, nuestro trabajo.

La Agencia Tributaria es un organismo no politizado y ni mucho menos está llegando a acuerdos con tal o cual contribuyente para conseguir el favor del político de turno, entre otras cosas, porque sus funcionarios, a diferencia de los políticos, tienen seguro su puesto de trabajo y no necesitan mendigar migajas para mantenerse en él y, por suerte para los contribuyentes, lo tienen reservado durante toda nuestra vida profesional.

La cuestión principal es si, bajo estos principios, es aceptable o no modificar el sistema actual de acceso a la función pública sobre la base de que – como se ha repetido hasta la saciedad- los funcionarios están anticuados, es un sistema que prima a unas familias frente a otras (valiente estupidez), pertenecen a la “fachosfera”  o a la “rojosfera” lo que lleva a perseguir a ciertos contribuyentes desenfrenadamente  frente a otros, y, en consecuencia el trabajo que realizan en la Administración es otra de esas máquinas de generación de fango, entre otras lindezas que se nos atribuye.

El nivel de hartazgo de los inspectores de Hacienda del Estado roza ya sus máximos históricos y no se debe permitir que el trabajo de la Inspección de Hacienda se ponga en entredicho, porque ni es justo ni lo merecemos.

Si la fortuna nos acompañara sobre estas cuestiones en este nuevo 2025 y el proyecto de modificación de oposiciones que se está barruntando en la Secretaría de Estado de Función Pública no prospera, los inspectores de Hacienda del Estado seguirán manteniendo esta profesionalidad intachable y acreditada, para beneficio de los ciudadanos. Si, por el contrario, este proyecto triunfa, prepárense todos y agárrense con fuerza porque vienen curvas.

Para todos, feliz  2025.

Ana de la Herrán Piñar. Inspectora de Hacienda del Estado.

Presidenta de IHE

*Las opiniones expresadas en las publicaciones del blog «NOSÓLOIMPUESTOS» son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, pudiendo no coincidir con las de IHE